En respuesta a la creciente crisis de la vivienda en España, el Gobierno ha propuesto una serie de medidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda para sus ciudadanos.
Una de las iniciativas más destacadas es imponer un impuesto del 100% sobre el valor de las viviendas compradas por residentes no pertenecientes a la UE. Esta medida busca desalentar la especulación inmobiliaria y garantizar que las viviendas estén disponibles para los residentes locales.
En ese sentido, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, propuso el lunes medidas pensadas en aliviar la escasez de viviendas, los altos alquileres y el aumento de los precios de las inmuebles en todo el país, en un contexto en el que los compradores extranjeros y el turismo masivo contribuyen a las presiones sobre la vivienda.
“Occidente se enfrenta a un desafío decisivo: no convertirse en una sociedad dividida en dos clases, la de los ricos propietarios y la de los pobres inquilinos”, afirmó.
Además, señaló que los precios de la vivienda en Europa habían aumentado un 48 % en la última década, casi el doble que los ingresos de los hogares.
“Estamos ante un problema grave, con enormes implicaciones sociales y económicas, que requiere una respuesta decidida de toda la sociedad, con las instituciones públicas al frente”, dijo, según comentarios publicados por el gobierno.
Y es que, según datos recientes, en 2023 los no residentes de fuera de la UE adquirieron alrededor de 27.000 viviendas en España, muchas de ellas con fines de inversión. Esta tendencia ha contribuido al aumento de los precios y a la escasez de viviendas asequibles en áreas urbanas y turísticas.
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Medidas para abordar la crisis de vivienda en España
Además del impuesto a compradores extranjeros, el Gobierno ha anunciado un paquete de 12 medidas para abordar la crisis de la vivienda:
- Transferencia de viviendas y suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda: Se han transferido más de 3.300 viviendas y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir viviendas sociales de alquiler asequible destinadas a personas jóvenes.
- Prioridad en la compra de viviendas y suelos: La Empresa Pública de Vivienda tendrá prioridad en la adquisición de propiedades y terrenos, complementando el derecho de las comunidades autónomas.
- Blindaje de la vivienda protegida del Estado: Se garantizará por ley que toda vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública.
- Lanzamiento de un nuevo PERTE: Se impulsará la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España para construir casas en menos tiempo, con menores costes y mayor sostenibilidad ambiental.
- Creación de un sistema de garantías públicas: Se protegerá tanto a propietarios como a inquilinos que participen en alquileres asequibles, asegurando el cobro de la renta y una mayor oferta a precios razonables.
- Programa de rehabilitación de viviendas vacías: Se otorgarán ayudas a quienes reformen pisos para destinarlos al alquiler asequible durante al menos cinco años.
- Exención fiscal del 100 % del IRPF: Se propondrá al Congreso una exención para propietarios que alquilen sus viviendas según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estén en zonas declaradas tensionadas.
- Fiscalidad para viviendas turísticas: Se planteará que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y tributen como una actividad económica, incluyendo la aplicación del IVA en zonas con dificultades de acceso a la vivienda o saturación turística.
- Condicionamiento de ventajas fiscales de las SOCIMIS: Se vincularán las ventajas fiscales de las SOCIMIS a la promoción de vivienda en alquiler asequible.
- Limitación a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes: Se incrementará hasta el 100% el gravamen fiscal para estos compradores, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes.
- Endurecimiento de la regulación contra el fraude en alquileres de temporada: Se creará un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda.
- Nuevo Plan Estatal de Vivienda: Entrará en vigor en 2026, aumentando los programas de ayuda para el alquiler y la compra de la primera vivienda, con especial atención a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y residentes en zonas tensionadas.
Finalmente, estas medidas por parte del Gobierno español son con el fin de abordar la crisis de la vivienda, buscando equilibrar el mercado y garantizar el acceso a inmuebles asequibles para la población residente.
