El vicepresidente segundo del Gobierno español y líder del movimiento político Unidas Podemos, Pablo Iglesias, dejó ver su intención de implantar un modelo de economía planificada, en la que el estado pueda nacionalizar los ahorros provenientes de la seguridad social.
Esto con la excusa de la pandemia del coronavirus y, a juicio de varios expertos, al margen de la Constitución y de la Unión Europea (UE), un movimiento que, desde varias perspectivas de la oposición, minaría la inversión y el consumo.
Además —según la oposición— supondría una oleada de demandas para el país español que sólo le llevarían a convertirse en un Estado fallido como todos los que han aplicado “políticas populistas” a lo largo de la historia, precipitando un riesgo si los ciudadanos se aprestan a recoger los ahorros de su vida ante el temor a que sean confiscados por el Estado.
Iglesias dejó ver su propuesta a través de un tuit en el que invoca el artículo 128 de la Constitución, cuya interpretación extensiva, para un sector de la opinión española, es de dudoso encaje en su ordenamiento jurídico.
«Desde su redacción inicial, en la elaboración del texto se fue modificando para reducir su carga previa, precisamente para evitar interpretaciones excesivas que ahogaran la propiedad privada y la libertad de empresa. Quedó, por tanto, muy limitado, precisamente para evitar que se hiciera una lectura desajustada de las facultades de intervención del poder público sobre la propiedad privada», explicó la profesora de derecho constitucional de la Universidad de Navarra Asunción de la Iglesia.
A su vez, enfatizó la docente, una interpretación extensiva de este artículo y el simple hecho de plantear hacerse con los ahorros de los ciudadanos para crear una banca pública, como ha dejado caer Teresa Rodríguez (del movimiento Adelante Andalucía), sería inconstitucional, al atentar directamente contra los artículos 33 y 38 de la Constitución, que protegen el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa.
«Las restricciones a los artículos 33 y 38 están reguladas y garantizadas. Tanto la jurisprudencia constitucionalista, como el desarrollo del Estado constitucional en el marco de la UE han forjado un marco jurídico de economía de libre mercado y Estado social, con una intervención pública regulada y controlada jurisdiccionalmente», aseveró De la Iglesia.
(Con información del Economista.es)
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