Tras conocerse hoy las medidas cautelares de la Contraloría General de la República contra Integral S.A., diseñador y contratista del proyecto Hidroituango, dentro del proceso de responsabilidad fiscal que se lleva a cabo por parte de la entidad, Empresas Públicas de Medellín (EPM) explicó los pormenores iniciales tras conocerse ello.
Al respecto se pronunció Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM, quien expresó que desde ayer algunos contratistas comentaron a la empresa que les habían llegado oficios para embargar sus cuentas bancarias por el proceso que adelanta la Contraloría. Incluso también se ha comunicado a alguno de los contratistas interventores del proyecto.
Carrillo enfatizó en que EPM no hace parte del proceso de responsabilidad fiscal, esto no hace parte de la realidad y no hay novedades en cuanto a ello, explicó Carrillo. De hecho, la compañía explicó hoy que no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas.
Tras la noticia y las posibles consecuencias que tenga en los plazos del proyecto, previsto a iniciar su operación y generación de energía con primeras unidades en 2022, Carrillo explicó que se evaluará el plan de continuidad de Hidroituango respecto a posibles escenarios y reuniones que se deben tener con el Gobierno Nacional para poder entender el estado de los procesos, el tiempo de los mismos y que no se busque afectar los plazos que se tienen para el inicio y comienzo de operaciones de la obra.
“Estamos en periodo de análisis para determinar cuál es la incidencia sobre la programación del proyecto. Este se diferencia respecto a otras obras pues tiene un marco regulado y compromisos respecto a la entrega de energía en firme que están sobre la mesa”, dijo el gerente de EPM.
En cuanto a si es posible que se retrase el proyecto por las dificultades financieras que sufrieran los contratistas por el proceso de responsabilidad fiscal que avanza, Carrillo indicó que es necesario tener el análisis pertinente y las mesas que se den al respecto, pero EPM es quien posee como tal la financiación de Hidroituango.
“Tenemos un solo plan que es terminar oportuna y exitosamente el proyecto e incluye a los actores que están hoy vinculados. Sin embargo, en análisis de las matrices de riesgo esto estaba identificado, pero es algo que todavía no se ha materializado y es información preliminar… Hay un plan de acción por recomendación de la Junta Directiva relacionado con el plan de continuidad. Estamos preparados en que se materialice algo sobre esto para identificar esos posibles escenarios”, agregó el gerente de EPM.
El auto de la Contraloría da cuenta, con fecha del 12 de abril, un presunto daño fiscal de $4 billones en el proyecto, por lo que ordena el embargo de las cuentas y bienes de Integral S.A, diseñador de la obra.
En la misiva también se lee que ese proceso revisa la participación de otros presuntos responsables fiscales, entre los que están el consorcio CCI Ituango.
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