Luego de que la Procuraduría General de la Nación pidiera al Gobierno de Colombia, especialmente al Ministerio de Ambiente y al de Minas y Energía, un informe sobre los avances de los acuerdos que se lograron para detener el más reciente paro minero, el ministro Andrés Camacho entregó algunos detalles al respecto.
“(…) construir con la gente, especialmente, con los pequeños mineros -con la minería tradicional- este camino de la formalización. (…) Con la instalación de una mesa social y minera queremos desarrollar todo el plan de trabajo y la ruta de acción en este camino por la formalización”, señaló el funcionario.
Al respecto, la viceministra de Minas, Johana Rocha Gómez, indicó que los acuerdos suscritos, tras las movilizaciones de los mineros, han llevado al Gobierno a, no solo instalar una mesa social, sino a hacer la construcción de una estrategia por la formalización y titulación de la minería sustentable en el país.
“Vamos a seguir adelante con tres grandes compromisos”, señaló la funcionaria.
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Esos compromisos citados por Rocha Gómez son:
- Garantizar que toda la estrategia, a través de la Agencia Nacional de Minería y del sector de planeación minero de Colombia, pueda seguir adelante con el registro, la caracterización y la formalización minera en esta parte del país (Bajo Cauca, Antioquia).
- “Vamos a trabajar para que esas mesas instaladas, en adición con los sectores Ambiente y Defensa, sigan adelante con los compromisos que han venido desarrollando y que, efectivamente, produzcan los protocolos y las sesiones de trabajo de conocimiento y difusión que son necesarios para la tranquilidad de los ciudadanos que están participando en los procesos de formalización”, explicó Johana Rocha.
- “Tenemos la meta de garantizar que los mineros de la región participen de estos procesos de registro y caracterización para que, efectivamente, los índices de informalidad en esta zona del país disminuyan”, expuso la funcionaria.
Entre tanto, Rocha añadió que el Ministerio cuenta con la ciudadanía para que las iniciativas del Gobierno Nacional y gobiernos locales rindan fruto que genere beneficios.
Procuraduría pide a Gobierno Petro información sobre cumplimiento de acuerdos del paro minero
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, y al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, remitir información sobre el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la Coordinadora Nacional Minera, que fueron suscritos el 25 de octubre de 2024, tras el paro minero.
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Cabe recordar que los acuerdos tuvieron el propósito de ponerle fin a la protesta social pacífica en el Bajo Cauca, nordeste antioqueño, sur de Córdoba y Marmato (en Caldas).
El ente de control le pidió a la ministra Muhamad, entre otros, el cronograma para implementar el Decreto 044 de 2024, por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental.
También deberá remitir la respuesta escrita del Ministerio a las propuestas presentadas por la Coordinadora Nacional Minera el 5 de noviembre de 2024, en la reunión contemplada en el punto 11 del acuerdo, a la cual no fue convocada la Procuraduría, pero acompañó la jornada.
La información sobre el apoyo del ministerio a los procesos de formalización minera también deberá ser explicada, dijo el ente de control.
Asimismo, y teniendo en cuenta que el ministro de Minas anunció a través de su red social X que se adelantaron primeras sesiones de trabajo de coordinación con el Ministerio de Defensa y la Agencia Nacional de Minería, ante esto la Procuraduría requirió que se alleguen las actas o notas de relatoría de estos espacios, detallando los compromisos asumidos y los cronogramas acordados.
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Finalmente, a través de la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, la Procuraduría hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional al no estar siendo informada ni convocada a las reuniones estratégicas y espacios de diálogo con el sector minero de pequeña y mediana escala, añadiendo que es deber del Ministerio Público velar por los derechos de los ciudadanos, especialmente en los temas ambientales y minero-energéticos.
