A cinco días de la aprobación del proyecto de acto legislativo que planteó reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) para darle mayor autonomía a los territorios, el Congreso no ha resuelto cómo quedará redactada la ley.
Recomendado: Reforma al Sistema General de Participaciones fue aprobada en su último debate: Esto falta para que sea ley
Luego de superar ocho debates, por tratarse de una iniciativa que modifica la Constitución, la conciliación es el último paso que debe superar el articulado antes de pasar a sanción presidencial.
La senadora Angélica Lozano explicó que la conciliación de un proyecto consiste en escoger el texto final del articulado aprobado en la Cámara o el Senado. «No se pueden mezclar frases. Se toma todo el párrafo completo o nada», dijo. Lozano sugirió elegir el texto aprobado en octavo debate en la Cámara como definitivo por ser «más preciso y detallado, corrigieron varias cosas», dijo.
En los dos últimos debates en la Cámara de Representantes se incluyó un periodo de 12 meses a partir de la promulgación de la ley para que el Gobierno radique en el Congreso una propuesta de proyecto de ley que reglamente los criterios de distribución de los recursos del SGP y tenga en cuenta las competencias de las regiones, así como las capacidades de las entidades territoriales.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el país tendrá dos años para prepararse, pues la reforma al SGP entrará en vigencia en 2027. También propuso que la construcción de la ley de competencias se realice a través de una mesa técnica con el apoyo y acompañamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Impacto fiscal, el eterno debate
El principal cambio que llega con la ley sería un aumento en el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que se asignan cada año al SGP del 22 % actual al 39,5 % en un trascurso de 12 años, una proporción que para muchos es incompatible con las finanzas de la Nación.
El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señaló que el proyecto de ley se aprobó a pesar de las advertencias en términos de la sostenibilidad de las finanzas públicas y sus consecuencias, como un aumento en el riesgo país y, en consecuencia, en las tasas de interés de la deuda pública o posibles cambios en la calificación del país, por parte de las agencias, tras sus análisis sobre las implicaciones en la sostenibilidad de la deuda pública.
También conllevaría un deterioro en el precio de otros activos, como la moneda local. “No deberían sorprender presiones al alza en el dólar, es decir, depreciaciones de la moneda colombiana”, dijo Mejía.
Durante el último debate, la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda presentó una proposición sustitutiva de archivo argumentando que el Ministerio de Hacienda aseguró, vía derecho de petición el 18 de noviembre, que el costo de las transferencias estaría entre $218 billones y $263 billones (6,8 % al 7 % del PIB). Con la norma actual para 2025 será de $184 billones (5,7 % del PIB).
Según la respuesta de la cartera, incrementar la participación del SGP en los ingresos corrientes “tiene un impacto fiscal significativo, dado que superaría los techos de gasto establecidos por la Regla Fiscal y podría no ser congruente en la planificación financiera y presupuestal vigente”. Esto si no se compensa la presión del gasto adicional con la distribución efectiva y sincronizada de competencias entre el Gobierno nacional y los entes territoriales o la reducción de otros rubros del presupuesto.
En el último caso, podría verse afectada la financiación de políticas públicas esenciales y programas estratégicos o incluso limitar la capacidad del Gobierno para responder a emergencias fiscales o crisis económicas, dependiendo de en qué año inicien los cambios, según la respuesta de MinHacienda.
Archivo de la respuesta del Ministerio de Hacienda a la representante a la Cámara Katherine Miranda.
Si se decidiera financiar la reforma al SGP mediante reformas tributarias y no trasladar competencias a las regiones, se requerirían al menos nueve ajustes al Estatuto tributario de la magnitud de los de los últimos años entre 2027 y 2035 para reunir el presupuesto necesario. También está el riesgo de un deterioro permanente de las métricas fiscales por mayor gasto y un aumento del déficit, lo que conllevaría a un incumplimiento de la Regla Fiscal.
Sin embargo, Mejía considera que incluso con la promesa de la ley de competencias, que determinará cuáles son los gastos que se van a trasladar a las entidades territoriales, persisten las inquietudes sobre el impacto fiscal de la reforma por el tamaño del aumento de las transferencias. “En nuestros cálculos, equivale al más de 3 % del PIB, lo cual seguramente generará mayores inflexibilidades en el gasto y apretará aún más el limitado espacio fiscal con que cuenta hoy el Gobierno”, advirtió.
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, volvió a mencionar que los mercados han reaccionado a la incertidumbre frente a la situación fiscal en parte por el trámite acelerado y sorpresivo de la reforma al SGP, durante el foro de perspectivas económicas de Corficolombiana esta semana.
«Se trata de una reforma constitucional que obliga al gobierno a aumentar las transferencias a las regiones a través del Sistema General de Participaciones de una manera muy fuerte y sostenida a lo largo de los próximos 14 años, cuando las perspectivas fiscales del país ya se veían retadoras y vulnerables sin ella», describió.
Relacionado: Gerente del BanRep explica por qué la inflación en Colombia no cede igual que en otros países de la región
Según Villar, el acto legislativo aprobado en el Congreso hace el reto fiscal aún más complejo porque el Gobierno estará forzado a aumentar las transferencias del SGP «de manera aún más pronunciada», llegando al 7,2 % del PIB en 2038, esto es, 1,3 puntos porcentuales por encima de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y tres puntos porcentuales por encima del nivel de 2024.
Vale la pena recordar que, con la norma vigente las transferencias del SGP aumentarían del 4,2 % del PIB en 2024 al 5,6 % en 2028 y seguirían aumentando en los años subsiguientes hasta el 5,9 % del PIB en 2038.
En el mismo espacio, el director de investigaciones económicas de Corficolombiana, César Pabón, advirtió que el tema fiscal será uno de los grandes nubarrones del próximo año, con un faltante de $35 billones necesario para cumplir con la Regla Fiscal, y que la reforma al SGP genera unas presiones sustanciales «que ya de por sí vemos que va a representar un reto muy importante en el largo plazo».
«Todo se definirá en la ley de competencias. Nos corresponde a todos aportar lo mejor, meterle la ficha con argumentos y mirada de largo plazo, de estado, no coyuntural ni particular. A poner todo el esfuerzo del ejecutivo, Congreso, actuales y antiguos mandatarios locales, sociedad civil y academia, en que salga impecable y transformador para nuestro país», concluyó la senadora Angélica Lozano.
