De acuerdo con el estudio de tendencias de inversión realizado por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), durante 2018 las petroleras tuvieron que aplazar la destinación y ejecución de US$130 millones en Colombia por demoras en las licencias ambientales y distintos hechos de conflictividad social.
Según cifras de la ACP, de estos US$130 millones aplazados en 2018, US$100 millones corresponden los tiempos y demoras que tiene el país al momento de adjudicar y otorgar las licencias ambientales, mientras que los US$30 millones restantes se dieron debido a problemas sociales.
De igual manera, la ACP informó que las petroleras también realizaron aplazamientos de recursos que iban a ser ejecutados en los próximos años equivalentes a US$350 millones, principalmente por decisiones contractuales.
El estudio también reveló que los principales retos que ven los inversionistas petroleros para Colombia son: los problemas contractuales, los inconvenientes fiscales, la seguridad regulatoria y los aspectos sociales. El documento sostiene que el país ha venido empeorando en estos aspectos y que se debe trabajar en cada uno de ellos para que la inversión en este sector mejore con el tiempo.
Así mismo, los inversionistas consideran que Colombia debe enfocarse en agilizar la asignación de áreas y contratos más competitivos, en viabilizar las operaciones en las regiones y en mejorar los procedimientos y tiempos de licenciamiento ambiental.
De acuerdo con la ACP, los inversionistas creen que el país debe garantizar la estabilidad fiscal, revisar la regulación de tarifas de oleoductos y definir qué va a suceder con los yacimientos no convencionales.
