El 2025 no será un año fácil para la industria, así lo confirma un informe de la firma internacional de contadores Crowe Co.
Primero, las empresas sentirán una mayor presión tributaria que les impondrá el Gobierno Nacional; además se espera que la inflación que, aunque viene disminuyendo, genere un impacto negativo sobre las finanzas corporativas; sumado a esto, se prevé que las elevadas tasas de interés y una fiscalización más estricta aumenten los ingresos que actualmente destinan las Pymes para pagar impuestos.
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Estos son los cuatro factores que, según los analistas, amenazarían la supervivencia de al menos el 30 % de las pequeñas y medianas unidades productivas en Colombia.
Factores macroeconómicos a los que hay que ponerles la lupa el próximo año
- Inflación alta o que no disminuya al ritmo deseado: podría generar un efecto negativo en las utilidades nominales de las compañías, aumentando su base gravable hasta un 10 %. Al mismo tiempo, incrementarían su carga fiscal en un rango aproximado del 3 % al 5 %, sobre todo empresas con márgenes estrechos.
- Mayor carga de anticipos y retenciones: esto podría representar un incremento de los recursos destinados al cumplimiento tributario equivalente al 1 % o 2 % de las utilidades operativas.
- Fiscalización más estricta: cumplir al pie de la letra con la mayor presión tributaría que planea el Gobierno de Gustavo Petro, causaría en las empresas otro aumento del 1 % al 2 % en su carga fiscal, lo que podría afectar especialmente a las Pymes.
- Renegociación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y mayores políticas proteccionistas del Gobierno de Donald Trump: esto generaría un efecto negativo en las exportaciones por una posible imposición de mayores barreras arancelarias que podrían impactar a sectores como el agroindustrial, minero-energético y textil, reduciendo sus ingresos en mercados clave.
- Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de sostenibilidad y cambio climático. la implementación de impuestos al carbono y otras medidas ambientales aumentará la carga fiscal en sectores intensivos en emisiones (transporte, minería y energía). Además, las empresas deberán realizar altas inversiones para cumplir con regulaciones ambientales, las cuales pueden ser deducibles, pero requieren altos costos iniciales.
En otras palabras, afirma Pedro Sarmiento, socio y director de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co y autor del informe, “la estimación general del informe prevé que las empresas, en promedio, tendrán que asumir un incremento en su carga fiscal el próximo año del 5 % al 8 % sobre sus utilidades antes de impuestos”.
Los sectores más amenazados por el incremento de impuestos
Sector financiero: Entidades como Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda, junto con los demás bancos del país, pagarán una tarifa general del 35 % de impuesto sobre la renta y tendrán que asumir una sobretasa del 5 %, lo que elevaría el pago a este tributo a un 40 %. “Esto podría aumentar los ingresos por colocación de créditos, pero también incrementaría el costo financiero”, señala Sarmiento.
Sector energético y minero: Ecopetrol, Cerrejón y Drummond, entre otras, además del impuesto sobre regalías que pagan con una tarifa general del 35 %, tendrán que asumir una sobretasa adicional por su impacto ambiental y contribuciones específicas por el uso de recursos naturales.
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Sector agroindustrial: compañías como Grupo Nutresa, Alquería y Daabon, entre otras, tendrán una limitación de los gastos tributarios del 3 % de la renta líquida gravable y pagarán una tarifa general del 35 % sobre la renta, sin posibilidad de tener exenciones fiscales. En otras palabras, la inflación podría incrementar sus costos operativos más rápido que los ingresos, disminuyendo sus márgenes de utilidad neta.
Comercio: grandes superficies como Éxito y Olímpica o almacenes como Falabella, entre otros, sentirán un incremento en el IVA por la inflación que afectará sus flujos de efectivo.
Construcción e infraestructura: empresas como Conconcreto, Cemex Colombia, y Constructora Bolívar asumirán una tarifa del 35 % sobre la renta gravable, sin beneficios significativos. Al mismo tiempo, el impacto de unas tasas de interés altas afectaría los costos del financiamiento de los proyectos de vivienda, causando posibles retrasos en proyectos públicos, debido a restricciones presupuestales del Gobierno que afectarían su base gravable.
