El presidente ejecutivo para América Latina de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA), Juan Andrés Duarte, alertó sobre la actual situación del muelle 13 en Buenaventura.
“Es importante hacer un llamado de atención urgente ante la grave situación que atraviesa Grupo Portuario S.A. con el contrato de concesión sobre el muelle 13 de Buenaventura, a causa de un entendimiento parcial y desproporcionado de la legislación nacional y de los elementos fundamentales de la operación portuaria”, señaló Duarte.
El caso del muelle 13 de Buenaventura
Desde finales de 2023, el operador de este recinto, Grupo Portuario S.A., ha mantenido una pugna con el Estado luego que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) revocara la renovación de su concesión, definición que fue ratificada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la cual determinó la paralización de actividades en el muelle 13, al considerar que no se cuenta con licencia ambiental adecuada.
En la misma línea, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad y la por entonces ministra de Transporte, María Constanza García, respaldaron esta definición, anunciando que la atención del comercio exterior del puerto de Buenaventura será sometida a una adecuación para albergar actividades de la pesca artesanal y astilleros.
De acuerdo con la entidad internacional la homologación del contrato de operación a concesión portuaria del muelle 13, y su posterior operación por 30 años, ha respondido al marco legal vigente y forma parte de una definición que el país adoptó para “garantizar una operación segura y eficiente” de la infraestructura.
Añadió que “las acusaciones públicas” que apuntan a una afectación ambiental de la operación de este recinto “demuestran un profundo desconocimiento”.
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El destino del muelle 13: pesca artesanal
Duarte aseguró que la propuesta de las autoridades de transformar el muelle 13 en una terminal pesquera artesanal “representa un detrimento patrimonial injustificable, que significaría la pérdida total de contraprestaciones para la Nación y el municipio, la destrucción de infraestructura especializada valorada en millones de dólares, la interrupción de la cadena logística de importación y exportación de carga a granel y la afectación a la seguridad alimentaria nacional”.
Y agregó, implicaría la afectación de la propia comunidad, mencionando “pérdida de empleos calificados de forma directa e indirecta y afectación a los programas sociales que de forma sobresaliente Grupo Portuario ha implementado de forma autónoma en Buenaventura y otros municipios del país, como Buenaventura FC, Fundación Ética Verde, programas de vivienda social, entre otros”.
“Transformar esta terminal en un muelle para pesca artesanal, no solo sería técnicamente inviable, sino que representaría un retroceso en la capacidad portuaria del país (…) es irresponsable con los recursos públicos y con el futuro de Buenaventura tomar decisiones basadas en percepciones sin sustento técnico”, lanzó Duarte, asegurando que un eventual funcionamiento de la actividad pesquera en medio de la actividad portuaria pondría en riesgo las demás concesiones que operan en el Puerto de Buenaventura.
Desde AAPA se pidió no instalar incertidumbre al exitoso modelo de concesiones portuarias, emulado por otros países de la región. “Decisiones de esta naturaleza generan una profunda incertidumbre en el sector portuario colombiano, enviando señales alarmantes a la comunidad internacional y a potenciales inversionistas”, indicó.
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