El Ejército de Liberación Nacional (ELN), mediante el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, ha declarado un paro armado indefinido en la zona sur del departamento del Chocó.
Iniciará a las 00:00 horas del 11 de agosto. La medida según el grupo guerrillero es una respuesta a la escalada de confrontaciones armadas en la región, especialmente en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, y la carretera que conecta Nóvita con Torrá, afectando directamente a los municipios de Istmina, Sipí, Nóvita y Medio San Juan.
El ELN acusó a las fuerzas militares y de policía de estar en connivencia con los paramilitares del Clan del Golfo, afirmando que estos se han posicionado estratégicamente en el río San Juan para beneficiarlos.
Además, el ELN criticó al Estado por no cumplir su función constitucional de proteger a la población, alineándose en cambio con los intereses de los paramilitares y apoyando megaproyectos que, según ellos, perpetúan el saqueo y despojo de tierras en la región.
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“Como es de conocimiento público, la presencia estatal en estos territorios solo se desarrolla en función de proteger los intereses dirigidos a respaldar la ejecución de los múltiples Megaproyectos que, en aplicación de las políticas neoliberales solo buscan continuar con el saqueo y despojo al que históricamente has condenado esta región”, dice el comunicado.
Frente a esta situación, el ELN ha anunciado un paro armado indefinido, justificándolo como una acción «preventiva» para proteger a la población civil de los combates en la región.
Alerta de gobernadora del Chocó
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, alertó sobre el creciente deterioro de la situación en su departamento debido al paro armado del ELN.
La mandataria indicó que alrededor de 50.000 personas están confinadas, y que, a partir de hoy, la población y las actividades comerciales, educativas y de servicios estarán paralizadas en seis municipios, incrementado aún más la crisis en la región.
“Por cuenta de una orden en donde la consecuencia para la gente por no atender es la vida. En medio de la angustia las comunidades del departamento siguen clamando por una salida al conflicto, pero mientras no se tenga en cuenta la voz y las condiciones particulares del territorio, seguiremos en esta crisis donde los derechos humanos y la precariedad es el costo que no terminamos de pagar”.
