El ministro del Interior, Armando Benedetti, coordina los próximos pasos del gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que la reforma laboral, que pretendía transformar el sistema en Colombia, fuera archivada este martes 18 de marzo en la Comisión Séptima del Senado.
Con ocho votos a favor del hundimiento y seis en contra, la iniciativa no logró avanzar en su trámite legislativo, tal como se anticipaba en los días previos.
Desde antes de la votación, se sabía que la mayoría de los senadores se inclinaba por archivar el proyecto, lo que prácticamente selló su destino en la recta final.
Consulta popular, apelación y decretos
Ante este escenario, Benedetti anunció que el Gobierno impulsará una consulta popular como estrategia clave para rescatar algunos puntos de la reforma laboral.
El primer paso será enviar las preguntas al Senado de la República, que deberá pronunciarse antes de convocar a elecciones dentro de los próximos tres meses.
El procedimiento para convocar una consulta popular implica que el Senado de la República debe pronunciarse sobre su conveniencia en un plazo de 30 días después de presentada la propuesta. Además, el presidente debe justificar su petición y establecer la fecha de la consulta, que debe realizarse en un periodo no superior a tres meses.
En este contexto, dado que el censo electoral en Colombia es de 40.963.370 personas, la participación mínima requerida es de 13.650.456 ciudadanos.
El costo de una consulta popular en Colombia depende de diferentes factores, pero un referente clave es la consulta popular anticorrupción de 2018, que tuvo un costo de $310.479 millones, según el Consejo Nacional Electoral.
Estos gastos incluyen impresión de material electoral, capacitación de jurados, logística de transporte y seguridad, entre otros.
Kenneth Burbano Villamarín, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, explicó que la propuesta del presidente Petro debe cumplir con ciertos requisitos constitucionales y legales.
“Su propuesta es repentina, no cuenta con las mayorías en el Senado, estamos en un año preelectoral y ciertamente la credibilidad del gobierno ofrece serios obstáculos para la prosperidad de la consulta”, apuntó el decano.
Paralelamente, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que el tiene listos nueve decretos para reglamentar algunos de los aspectos incluidos en la reforma laboral.
Según Sanguino, estos documentos ya están siendo evaluados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia y podrían ser publicados próximamente. Ahora bien, un tercer escenario es la apelación que presentó el senador Fabián Díaz (Alianza Verde), un recurso que busca enviar – lo más probable a Comisión Primera – la reforma para su discusión.
La consulta popular será una de las últimas oportunidades para avanzar en la agenda de reformas del presidente Gustavo Petro.
Mientras tanto, la reforma de salud sigue en trámite y la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la reforma pensional, que de ser declarada constitucional, entraría en vigor en julio de este año.
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