El rechazo del Consejo de Estado a la tutela que interpuso el presidente de Colombia, Gustavo Petro generó reacciones en el primer mandatario, quien denunció que se trataría de un ‘golpe parlamentario’.
El documento que presentó la defensa de Petro buscaba dejar sin efectos el pliego de cargos formulado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta violación de los topes electorales en su campaña presidencial del 2022.
A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró que buscará evitar el supuesto golpe parlamentario, pero invitó a los colombianos a “defender el voto popular”.
“El año entrante tendremos el golpe parlamentario. Buscaré impedirlo para tranquilidad de la sociedad. Si sobreviene, el pueblo debe estar listo a defender el voto popular”, indicó el presidente Petro en la red social.
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¿Qué dijo el Consejo de Estado?
El Consejo de Estado rechazó la acción de tutela presentada, argumentando que esta no era procedente.
Según el tribunal, el fuero especial del presidente de la República no abarca investigaciones relacionadas con el incumplimiento de los topes de financiación de campañas, ya que dicho fuero está limitado a ciertos casos de naturaleza constitucional.
Ante la decisión, el mandatario expresó en sus redes sociales: “Toda decisión será respetada, menos el golpe de Estado. Pero no se nos puede imponer la censura a nuestra opinión”.
En su fallo, el Consejo de Estado expresó: “Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor presidente de la República a través de su apoderado judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”. Además, se precisó que el CNE no cuenta con facultades para sancionar la violación de los límites de financiación de campañas, dado que esta irregularidad no está amparada por el fuero presidencial.
Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Milton Chaves, rechazó enfáticamente las acusaciones de motivaciones políticas detrás de las decisiones judiciales: “La corporación rechaza categóricamente las afirmaciones sin sustento alguno que sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular, pues estas distorsionan la realidad y envían un mensaje equivocado a la sociedad”, manifestó.
