La minera Cerrejón, que en el primer semestre produjo el 37,6 por ciento del carbón térmico del país con su operación en La Guajira, decidió recortar su meta de producción para el 2019 y la estableció en 29 millones de toneladas, tres millones menos que los cerca de 32 millones de toneladas con que cerrará el año.
La nueva estimación, la cual haría que por primera vez desde el 2012 el nivel de extracción del mineral en esa región del país baje de los 30 millones de toneladas, se decidió ante las dificultades para expandir la operación minera con el tajo La Puente, proyecto que está suspendido tras un fallo de la Corte Constitucional de finales de noviembre del 2017.
En exclusiva con EL TIEMPO, el nuevo presidente de la compañía, Guillermo Fonseca Onofre, quien asumió hace tres semanas, reveló el nuevo cálculo, al cumplirse casi un año de la decisión judicial, tiempo en el que la empresa no ha podido conseguir que el alto tribunal le haga la notificación oficial de la providencia, con el fin de emprender las acciones requeridas para iniciar la extracción, luego de dos años de haber desviado el arroyo Bruno.
“Colombia tiene una joya en una de las zonas que más necesitan generación de riqueza para poder cerrar las brechas que tienen. La contradicción es que Cerrejón tiene el freno de mano puesto”, aseguró el directivo.
De acuerdo con Fonseca Onofre, ese freno de mano implica que la minera tiene un 25 por ciento de potencial de capacidad de generación de valor que no está explotando (el máximo posible son 40 millones de toneladas tras inversiones por 1.000 millones de dólares).
Y si bien por la baja de precios del carbón entre el 2012 y el 2013 los accionistas de la empresa decidieron no llegar a ese nivel, sino quedarse en los 32 millones de toneladas, “resulta que nos empiezan a parar proyectos y estamos a niveles de 29 millones de toneladas, y cayendo”.
El directivo reveló que, si no se logra destrabar rápido el proyecto para incorporarlo en las actividades del 2019, la decisión que tendrá que ser considerada por las directivas será el despido de unos 1.100 empleados, cifra equivalente a alrededor del 10 por ciento de la fuerza laboral de toda la compañía, que es de 12.000 empleados.
“Serían 1.100 personas que no necesitamos, unas 4.000 o 5.000 personas que se quedarían sin un sustento en uno de los departamentos más pobres de Colombia. Tengo una gran preocupación y no quisiéramos tomar esa decisión”, agregó.
Y reitera que hace más o menos un año, a través de un comunicado, la Corte Constitucional comunicó cuál es el fallo, “pero un año después no hemos sido todavía notificados formalmente dentro del fallo. Ahí es donde uno dice, ¿qué es lo que está pasando?”.
El timonel de la minera, de propiedad por partes iguales de las multinacionales BHP, Glencore y Angloamerican, dijo que solo se está esperando la providencia de la Corte Constitucional para instalar una interinstitucional, requisito que ordenó conformar el tribunal para resolver 10 inquietudes, en su mayoría relacionadas con la desviación parcial del cauce del arroyo Bruno, ya que aunque se ha suministrado información, la mesa no ha sesionado formalmente.
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(Tomado de El Tiempo)
