La Contraloría expresó su preocupación por la baja ejecución del presupuesto de Colombia en 2024, que podría ser la más baja de los últimos cinco años y similar a la de la pandemia en 2020, con un avance del 71,1 % para noviembre.
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De hecho, hizo un llamado para que al cierre de esta vigencia el Gobierno ejecute el presupuesto “basado en la capacidad de las unidades ejecutoras para adquirir bienes y servicios, evitando un uso excesivo de mecanismos como los convenios interadministrativos, la generación de reservas presupuestales y las fiducias”.
Si bien se han cumplido compromisos importantes como el servicio de la deuda ($79,7 billones) y gastos de funcionamiento ($233,67 billones), en inversión solo se han ejecutado $44,83 billones de los $100,06 billones asignados, “reflejando un rezago significativo en este rubro clave”, dijo la Contraloría.
Según las cifras disponibles a noviembre, las pérdidas de apropiación podrían alcanzar los $96,87 billones en recursos que no se usarían para los programas y proyectos planeados. Además, existe el riesgo de que las reservas presupuestales no utilizadas lleguen a $33,61 billones, lo que reflejaría la baja capacidad del Estado para comprometer y ejecutar los recursos de manera eficiente.
A través de un comunicado, la entidad instó al Gobierno Nacional a “redoblar esfuerzos para garantizar el uso efectivo de los recursos asignados y enfrentar los desafíos fiscales”, luego de que el Congreso negara la aprobación de la reforma tributaria (ley de financiamiento) del presidente Petro.
En ello coincidió el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana: «Con la caída de la ley de financiamiento, el Ejecutivo tendrá que ajustar mucho más el gasto público el próximo año. Esto nos deja un presupuesto para 2025 de $511 billones, de los cuales sólo $70 billones corresponden a la inversión pública, lo que implicaría un castigo a este rubro con la reducción del 26 % en términos reales en comparación con el presupuesto de este año», dijo el director Mauricio Salazar.
El ente de control destacó que el recaudo total neto con corte a noviembre ($369,74 billones) se ubica 0,3 % del registrado el año anterior, según la información preliminar del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), por cuenta de los bajos ingresos tributarios, que van en el 72 % de la meta a un mes de acabar el año ($$227,41 billones).
“Este comportamiento poco favorable de los ingresos tributarios se explica principalmente por la fuerte reducción en el impuesto de renta (-18 %) y la caída de los impuestos externos ($2,29 billones)”, recordó la entidad.
La Contraloría explicó que, dado que no se prevé un cambio significativo en la tendencia del recaudo tributario en lo que queda de la vigencia, “el Gobierno podría verse obligado a recurrir a recursos de crédito o a implementar recortes adicionales en el presupuesto de gastos” ante las presiones de liquidez.
Por eso, recomendó a las entidades responsables optimizar las estrategias de recaudo tributario para mitigar las presiones de liquidez y evitar un aumento en la dependencia del crédito, así como acelerar la ejecución de los recursos presupuestales, especialmente en inversión, y evitar rezagos que limiten el desarrollo de programas clave.
Finalmente, la Contraloría destacó la importancia de “ejecutar de manera eficiente el presupuesto público como motor para fortalecer la economía y generar beneficios tangibles para la sociedad”.
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