Ecopetrol informó este martes que personas ajenas a la operación ingresaron de forma irregular el 31 de marzo de 2025, a las instalaciones de inyección del PAD 6 de Campo Rubiales, la Estación Centauros y Centro de Generación Caño Sur, ubicados en Puerto Gaitán (departamento del Meta).
De acuerdo con la compañía, estas personas obligaron a los operadores que se encontraban en dichos lugares a apagar de forma abrupta las facilidades y equipos.
Esta acción ha puesto en riesgo la integridad de todas las personas que se encontraban allí presentes, incluidos los propios manifestantes, así como del medio ambiente y las instalaciones.
La situación, que ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes, se suma a una serie de bloqueos que se están registrando en vías internas de los dos campos desde el pasado viernes 28 de marzo, que impiden el normal desarrollo de las operaciones, la ejecución de actividades de proyectos y la perforación que Ecopetrol tiene en el área.
Actualmente, en las operaciones de estos dos activos, Ecopetrol cuenta con una contratación de un poco más de 7.500 personas, que debido a esta situación se podría tener un impacto directo sobre 3.800 trabajadores.
“Ecopetrol rechaza estas vías de hecho y hace un llamado al diálogo y la búsqueda de la construcción colectiva para la resolución de conflictos con la institucionalidad como mecanismo del buen relacionamiento y la transformación del territorio, de manera que se logre recuperar la normalidad en la región”, indicó la compañía.
¿Qué dicen los gremios del sector de hidrocarburos de los bloqueos en Ecopetrol?
Ante los recientes hechos en el departamento del Meta que vulneran derechos fundamentales de los trabajadores del sector y afectan operaciones estratégicas para la seguridad energética de los colombianos, los gremios del sector de hidrocarburos: Aciem, ACP, Acipet, Acggp y Campetrol hicieron un llamado al levantamiento de los bloqueos y el buen uso de los mecanismos de participación y el derecho a la protesta social.
Las agremiaciones pidieron garantizar siempre la convivencia pacífica, el derecho al trabajo y el desarrollo sostenible de la región y el país.
“Si bien reconocemos las inquietudes y derechos de las comunidades, reiteramos que el camino para resolver sus reclamaciones debe ser el cumplimiento del ordenamiento legal y el diálogo respetuoso. Este tipo de bloqueos y alteraciones más allá de impactar la operación del sector y sus contribuciones al país y las regiones, en términos de generación de empleo, regalías y otros aportes fiscales, también ponen en riesgo la vida e integridad de trabajadores y comunidades, afectan la dinámica socioeconómica de la región y el bienestar de la población”, destacaron.
E instaron a las comunidades que están bloqueando a respetar los derechos de otros ciudadanos y a ejercer los mecanismos de participación previstos en la Constitución Política de Colombia, bajo los límites establecidos en la ley.
También invitaron al Gobierno Nacional, a las autoridades regionales y locales a continuar liderando con urgencia espacios de concertación que permitan restablecer la normalidad en las actividades, en un marco de legalidad y articulación entre todos los actores involucrados.
