El Ministerio de Justicia dispone de un mecanismo para que las personas puedan reclamar el pago de una deuda cuando exista un incumplimiento por parte del deudor. Este procedimiento es aplicable siempre que el monto adeudado no supere los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $56.940.000.
De acuerdo con la información publicada por el Ministerio, los ciudadanos deben cumplir ciertos requisitos para presentar una demanda ante un juzgado y solicitar el cobro de la deuda. Este proceso se rige por el «artículo 11 del Decreto 2677 de 2012, compilado en el Decreto 1069 de 2015, el cual establece los conciliadores habilitados para conocer estos procedimientos», según lo señala MinJusticia.
Sin embargo, existen casos en los que el deudor puede ser sancionado con una multa. Si el juez determina que la oposición del deudor a la demanda carece de fundamentos, este deberá pagar una sanción equivalente al 10 % del valor de la deuda, monto que será entregado al acreedor.
Por otro lado, si tras la evaluación del caso se demuestra que la deuda ya había sido saldada y el deudor presenta las pruebas correspondientes, el juez podrá desestimar la demanda. En tal situación, el demandante será quien deba asumir la multa del 10 % del monto reclamado.
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Este mecanismo permite la recuperación de deudas, incluso cuando el monto es reducido. Por ello, es fundamental que quienes prestan dinero exijan un pago responsable, evitando llegar a instancias judiciales.
Procedimiento para exigir el pago de una deuda
Si una persona considera que tiene derecho a exigir el pago de una deuda, debe presentar una demanda ante un juez. En caso de ser aceptada, el juez notificará al deudor, quien contará con un plazo de diez días para responder o realizar el pago.
Si el deudor no responde o se niega a pagar, se celebrará una audiencia en la que se analizarán las pruebas y se tomará una decisión. Tras la evaluación del caso, el juez determinará la forma en que deberá efectuarse el pago de la deuda.
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Este procedimiento garantiza un marco legal para la resolución de conflictos financieros y busca proteger los derechos tanto del acreedor como del deudor, promoviendo la responsabilidad en las transacciones económicas.
