Este 11 de septiembre se dio a conocer que el Ministerio de Trabajo tomará cartas con un procedimiento administrativo sancionatorio contra la FCF y la Dimayor por presunta vulneración al Código Sustantivo del Trabajo (CST).
La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) no están en disposición de negociar el pliego de peticiones presentado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), sindicato al que pertenecen más de 1.000 deportistas.
Desde 2019 Acolfutpro expone las peticiones de los futbolistas a la Dimayor y a la FCF, por lo que el Ministerio de Trabajo halló que se está vulnerando el artículo 433 del CST.
“El Gobierno del Cambio tiene interés de promover el diálogo social en todas las instancias, por ello hemos querido durante todo nuestro año de gobierno que se llegue a una amigable salida al diferendo sin que haya sido posible, por la posición que sostiene la parte empleadora.
Nosotros hemos sostenido la necesidad de que se respeten los convenios internacionales que hacen parte de nuestra legislación y por eso no permitiremos que se vulneren”, indicó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
En el pliego de peticiones los futbolistas desean mejores condiciones de trabajo, en cuanto a sueldo, salud, veto, entre otros temas; por lo que las entidades máximas del fútbol colombiana son llamadas a negociar.
¿Qué pasa si no desean negociar como invita el Ministerio de Trabajo?
Si la FCF tanto como Dimayor no están en disposición de negociar y llegar a un acuerdo para óptimas condiciones laborales de futbolistas, obtendrían multas que van desde $5 a $10 millones por cada día de mora.
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Pero, como señala el Ministerio, según el Auto expedido el pasado 4 de septiembre, por el coordinador del Grupo Interno de Trabajo de la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio del Trabajo, existe mérito para la formulación de cargo tanto a la Federación como a la Dimayor aclarando:
“El empleador directo de los futbolistas no es la Federación Colombiana de Fútbol y a la División Mayor del Fútbol Colombiano, y que estos no son los que firman la relación contractual, no son los que pagan los salarios, ni cancelan la seguridad social, sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas, que pueden ser sujeto de negociación colectiva a Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales—Acolfutpro, por esta razón, tendría la obligación de iniciar las negociaciones”.
La SIC ya le había puesto la lupa a la FCF y a Dimayor
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) revocó la resolución 50188 en la que aceptaba el esquema de garantías ofrecido por Dimayor y Federación sobre los vetos a futbolistas que demandan sus derechos en agosto.
Esto significa que la Superintendencia investiga a 16 clubes por presunta infracción del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 en los derechos deportivos de jugadores del fútbol profesional colombiano no se están cumpliendo.
“Los reglamentos de la Federación Colombiana de Fútbol y algunas prácticas de clubes restringen el acceso al mercado a los futbolistas, y esas regulaciones atentan contra los derechos fundamentales” explicó Carlos González Puche, representante de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) a Valora Analitik.
“El reglamento disciplinario, el estatuto del jugador, listas negras, lo que establecen los estatutos de la federación y de la Dimayor, la apropiación de los derechos de imagen colectivos de jugadores es lo que está investigando la SIC” añadió.
