En octubre de 2024, el Gobierno de Colombia impuso finalmente una salvaguarda para la protección del mercado nacional de acero que consistió en un gravamen de 30 % a la importación de este producto, por un periodo inicial de dos años, como lo venía solicitando industria local desde tiempo atrás.
En entrevista con Valora Analitik, Mauro de Castro, el director de Diaco, una de las cinco siderúrgicas del país, habló de los beneficios de esta decisión, que traería mejores resultados para 2025.
Diaco es una empresa colombiana de más de 65 años y 1.300 trabajadores que lleva produciendo y distribuyendo aceros en el país principalmente para las construcciones, a partir de la chatarra.
Aunque cuenta con dos plantas, una ubicada en Boyacá y otra en Tocancipá, actualmente la única en operación es la de Boyacá. La capacidad general de la empresa se estima en unas 350.000 toneladas al año.
Diaco, sin embargo, tiene presencia geográfica en casi todo el país, pues cuenta con “ocho centros de reciclaje; plantas de corte y doble, que están cerca de nuestros principales clientes y mercados; y nuestra comercializadora que es Cyrgo, la cual tiene presencia en más de 18 ciudades del país”.
La salvaguarda al acero en Colombia
Respecto a la imposición de los aranceles al acero importado que se concretó el año pasado, el director de Diaco manifestó que este es un problema que no solamente tocaba a Colombia, sino que varios países hoy están afectados por “una competencia desleal de países que tienen una capacidad de producción bastante alta, como China. Acá tuvimos también una afectación importante desde Rusia”.
“Son países que, de alguna manera, encuentran cada vez más en otras naciones medidas de protección a la industria local y eso hace que busquen más oportunidades en países que esas protecciones no están tan claras o que no son tan relevantes, que era el caso de Colombia”, introdujo.
Hasta año pasado, insistió, Colombia estaba con un mercado totalmente abierto. Aclara que ni Diaco ni la industria nacional está en contra de la competencia, “pero desde que esta sea con la cancha nivelada y ahí estaba nuestra principal preocupación”.
“Entonces salimos como gremio a buscar una conversación junto al Gobierno para buscar las medidas principales y necesarias para proteger la industria nacional y los empleos para que la industria colombiana pudiera seguir invirtiendo”.
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Tras el diálogo, manifiesta que se pudieron lograr dos de las tres salvaguardas que les interesaba construir y la entrada en vigor de estas iniciativas, a su juicio, cobra mayor relevancia en un contexto en el que las nuevas medidas arancelarias del presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump hacen que aparezca nuevamente la motivación de países como China o Rusia “que antes exportaban a EE. UU., a buscar otros países para su producción y Colombia puede ser un mercado interesante para ellos, lo cual nos preocupa bastante”.
“Entonces creo que el tema de salvaguardia no es solamente de Colombia, sino de todos los países que de alguna manera están interesados en proteger sus economías y sus industrias locales”, expresó.
Las perspectivas para 2025
De Castro reconoció que el año pasado perdieron participación frente a materiales importados. “Teníamos compromisos de largo plazo y perdimos participación de mercado por esta razón”, dijo.
No obstante, asegura que esperan recuperarla y que por ello son importantes las medidas que se establecieron para nivelar la cancha y encontrar un balance efectivo.
“Nosotros tenemos capacidad de producción suficiente para atender a la demanda del país, además de las plantas que están operando, tenemos plantas que están apagadas y que podríamos reactivar si el mercado nos requiere y si hay condiciones para esto”.
Insistió en que para este año están invirtiendo en competitividad y en que las plantas sean cada vez más sostenibles. “Hemos invertido en sostenibilidad y después en competitividad, principalmente en temas logísticos. Colombia es un país bastante desafiante en temas logísticos y ahí hemos buscado soluciones basadas en tecnologías, y digitalizaciones para buscar optimizaciones y mejor servicio a clientes”.
¿Qué hizo falta dentro de las salvaguardas para el sector?
Si bien Diaco destaca que se pudieron concretar las medidas arancelarias que favorecieron a la industria nacional, dice que aún hay un punto que no está definido.
“Nosotros trabajamos en una salvaguarda que ha generado bastante discusión con la Comunidad Andina (CAN). Ese es un tema que aún sigue sobre la mesa. Tuvimos la salvaguarda de alambrón, que nos protege de países que son TLC, pero todavía hay muchas opciones de compra y nos faltaría algo que pudiera proteger el mercado principalmente de importaciones de otros materiales”, explicó el empresario.
El director de Diaco explica que la discusión pasa por un entendimiento de “qué tan justa o que tan balanceada está la relación entre estos movimientos y transferencias y ventas de materiales”.
“Nosotros tuvimos, a través de un análisis bastante técnico de un Comité triple A, que identificó situaciones que no deberían estar pasando en estas importaciones de países miembros de la CAN y este Comité le recomendó al Gobierno firmar esta medida de protección”, comentó.
Sin embargo, la CAN tenía la potestad de intervenir haciendo su propia investigación y eso generó una recomendación contraria a los intereses de Colombia.
“La CAN cree que no hay por qué firmar una salvaguardia contra la importación, pero no es contra la importación porque esta salvaguarda mantiene los niveles históricos de importación desde los países participantes, y los aranceles son aplicados solamente sobre las toneladas adicionales a los promedios históricos de los últimos tres años. Es decir, que si estos países respetan niveles históricos que ya tuvimos, no hay aranceles adicionales”, complementó.
Pero de Castro es enfático en afirmar que si estos países siguen trayendo a Colombia acero en condiciones que no representa una cancha nivelada de competencia, espera que el Gobierno esté pendiente de las condiciones de esas negociaciones y pueda intervenir.
“Este es un tema que tiene más de dos o tres meses de discusión y esperamos que el gobierno mantenga su posición. Es un tema que viene de tiempo atrás que se viene hablando”, relató.
