La propuesta de canje entre la Gobernación de Antioquia y EPM por Hidroituango, que incluiría una participación minoritaria de la administración departamental en la empresa, sigue teniendo en vilo al mercado pues sería uno de los movimientos empresariales más importantes del año y al respecto Valora Analitik ha conocido nuevos detalles.
Ayer las autoridades nacionales, departamentales y municipales manifestaron el respaldo a la obra tras anunciar que el proyecto avanza sobre el 84,3% de ejecución con lo que la primera turbina comenzará a funcionar en junio de 2022 y la segunda estaría habilitada para el mes de noviembre de ese año.
De este modo, con el apoyo a la continuidad de las obras que permitirán poner en marcha la central hidroeléctrica, que generará el 17% de la energía para Colombia, la propuesta de canje llevaría a EPM a ser casi el único dueño del proyecto pues adquiriría el 50,74 % de la Sociedad Hidroituango que controla el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), mientras que la Gobernación tiene el 2,14%, EPM el 46,3% y el porcentaje restante corresponde a accionistas minoritarios distribuidos así:
Precisamente, el gerente del IDEA, Julián Vásquez, dio detalles adicionales a Valora Analitik de cómo avanza la propuesta y fechas claves en el proceso.
De este modo, el 29 de julio la Junta Directiva de EPM discutirá la propuesta para estudiarla y tomar mayores decisiones al respecto, mientras que el 5 de agosto el diálogo incluirá al equipo de EPM junto con el IDEA y la Gobernación de Antioquia para tener mayor claridad de qué podría definirse tras las primeras consultas al interior de la compañía de servicios públicos.
Julián Vásquez, gerente del IDEA
“Todos los actores involucrados seguimos en el análisis, aclarando algunos alcances de lo que implicaría y que la Junta pueda analizar temas como si es mejor tener una o dos bancas de inversión, por ejemplo”, agregó Vásquez.
Para el gerente del IDEA, la propuesta busca cumplir objetivos básicos para la materialización de Hidroituango, evitar conflictos en términos judiciales, garantizar que la empresa siga siendo 100% pública y el posible ingreso del IDEA y la Gobernación a la Junta de EPM, lo que diversificaría su gobierno corporativo.
Además, Vásquez recordó que “el grueso de la generación de energía de EPM viene de 52 municipios de Antioquia y sería muy importante que estos tengan vocería permanente y que las utilidades impacten a los municipios para una mayor equidad territorial”.
No obstante, lo que va a decantar que la Junta de EPM vea más o menos favorable la propuesta incluirá detalles como el valor a hoy de la empresa, el valor de Hidroituango y la valuación que se haga teniendo en cuenta estos y otros factores para definir el porcentaje de participación que podría darse a la Gobernación de Antioquia, además de temas claves como si es sana la competencia de bancas de inversión para la posible operación.
“Hemos tenido ejercicios y cálculos asociados, pero hemos sido muy respetuosos… Lo que buscamos es la estabilidad de las cuatro grandes instituciones de Antioquia: Gobernación, Alcaldía de Medellín, EPM y el IDEA. Hay que ser muy juiciosos en términos de valoración y construir con prudencia”, agregó Vásquez.
Otras alternativas a la propuesta, pero que no centran hoy la atención de los propietarios de Hidroituango, pues se espera avanzar en términos favorables con el posible canje, incluirían recurrir al tribunal de arbitramento, lo que no es ideal pues activaría las alarmas de firmas calificadoras contra EPM y el Municipio de Medellín.
De hecho, esta semana Fitch Ratings ya rebajó calificaciones a EPM, manteniendo su Rating Watch Negativo y Moody’s Investors Service alertó respecto a que los sobrecostos definidos en Hidroituango son un riesgo más que latente para su calificación.
Además, hay que recordar que la Gobernación de Antioquia y el IDEA deberían estar recibiendo ingresos desde 2018 por Hidroituango como accionistas, cuando debió entrar el proyecto en operación, lo que no se dio por la contingencia que se desató ese año. Esos recursos hoy en día hacen falta para atender necesidades concretas en todo el departamento, producto de la pandemia que ha afectado los ingresos de las entidades territoriales.
“Hay un camino que es el diálogo, que creemos es el mejor escenario para todas las instituciones. Qué bueno sería avanzar en lo que sí podemos”, enfatizó Vásquez.
De este modo, la propuesta sigue su curso y aunque suscitará debates en otras instancias como el Concejo de Medellín o la Asamblea de Antioquia, además del orden nacional con entidades como al Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), avanza con ánimo y es vista como una mejor opción antes de recurrir o activar recursos legales mediante el tribunal de arbitramento.
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