Luego de que se levantaran las restricciones impuestas por el Covid-19, los conciertos se convirtieron en un lucrativo negocio alrededor del mundo, con un actor clave: Live Nation Entertainment, sin embargo, su posición en el mercado estaría en riesgo por la demanda en su contra presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Este jueves, 23 de mayo de 2024, ese despacho presentó una demanda antimonopolio contra Live Nation. La principal propuesta de la demanda es separar a Ticketmaster de Live Nation -que se fusionaron en 2010-.
Y este viernes, se presentó la primera acción de clase en contra de la compañía, buscando una compensación por US$5.000 millones de daños y perjuicios, en representación de compradores de boletas.
No es una movida menor. Solo en 2023, el gigante del entretenimiento organizó 50.000 eventos, facturando en total US$22.700 millones y convocando a unos 145 millones de personas, casi tres veces la población total de Colombia.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los asistentes a los conciertos habrían tenido que pagar tarifas más altas, mientras que los artistas han tenido menos oportunidades de presentarse y los promotores han quedado excluidos. No obstante, Live Nation respondió que la demanda no tiene argumentos sólidos.
Esto es lo que dicen cada una de las partes en un proceso que podría transformar el negocio mundial de los conciertos.
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Los argumentos de la demanda
“Es el momento de que fanáticos y artistas dejen de pagar el precio del monopolio de Live Nation”, dijo el fiscal general Merrick Garland. “De la competición e innovación en la industria del entretenimiento. Y de separar a Live Nation y Ticketmaster”.
Según el fiscal, Live Nation habría empleado tácticas, como amenazas y retaliaciones, contra sus competidores para “sofocarlos”. En 2021, según el Departamento de Justicia, el gigante de los conciertos habría amenazado con una retaliación financiera en contra de una firma si continuaba compitiendo contra esta por los contratos de promoción de artistas.
Además, habría llegado a controlar, “virtualmente, cada aspecto de la industria, desde la promoción de conciertos hasta la boletería”.
El especialista en litigios antimonopolio Michael Carrier, profesor de la Rutgers Law Schools, aseguró que el caso contra Live Nation es fuerte.
“El Departamento de Justicia mostró como Live Nation tiene tentáculos en cada elemento de la cadena de valor, lo que significa que tiene más control del permitido. Y, en términos de justificación, es poco lo que Live Nation puede ofrecer para ayudar al consumidor”, dijo Carrier, citado por la agencia de noticias Associated Press.
En 2010, cuando Live Nation y Ticketmaster se fusionaron, se acordó que la compañía no iría en contra de los venues de conciertos por acudir a otras compañías de boletas. Sin embargo, en una investigación de 2019, el Departamento de Justicia advirtió que dicho acuerdo se habría violado en repetidas ocasiones.
El 70 % de los principales venues en Estados Unidos venden boletas a través de Ticketmaster. La empresa es dueña o controla más de 265 salas de conciertos en Estados Unidos, según el Departamento de Justicia.
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La respuesta de Live Nation a la demanda
Lejos de retroceder ante la demanda presentada en su contra, Live Nation, en un extenso comunicado, descartó los argumentos.
“La queja busca mostrar a Live Nation y Ticketmaster como causante de la frustración de los fans con la industria del entretenimiento. Acusa a Live Nation y Ticketmaster por altos cargos de servicio, pero ignora que solo se retiene una modesta porción del valor”, se lee.
Y agrega: “Es absurdo que se alegue que Live Nation y Ticketmaster tienen monopolio”, asegurando que sus tarifas de servicio son similares a los de otros competidores como SeatGeek o AXS.
“Cada año, la competencia en la industria ha llevado a que Live Nation tenga menor participación en promoción de conciertos y boletería. La compañía tiene ganancias porque impulsa el crecimiento de la industria”.
Además de ello, el gigante del entretenimiento cuestionó duramente las políticas de la administración de Joe Biden, calificándolas de “anti-negocios” más que antimonopolio.
