Las pequeñas y medianas empresas (pymes) carecen de un equipo jurídico sólido, por lo que las demandas laborales se convierten en un dolor de cabeza. En 2022, el Ministerio de Trabajo reportó más de 7.500 denuncias por violaciones a normas laborales, el no pago de salarios, falta de afiliación a seguridad social y riesgos labores, y formas de contratación inadecuadas.
Soluciones Legales, firma de abogados enfocada en fortalecer los servicios legales de las pymes, revela que las demandas laborales más frecuentes en las pequeñas y medianas empresas colombianas son:
- Despidos sin justa causa – 50 %
- Terminación de contratos a trabajadores por fuero de estabilidad laboral – 30 %
- Errores en la liquidación de prestaciones sociales – 20 %
“Muchas empresas terminan contratos sin seguir los procedimientos establecidos, lo que provoca que los empleados demanden indemnizaciones por despido injustificado. El despido sin justa causa, por ejemplo, se da cuando las empresas no cumplen con el procedimiento adecuado, como notificar faltas, aplicar sanciones progresivas y permitir la defensa del trabajador, lo que les expone a riesgos legales y financieros”, aseguró Alexander Grajales, CEO de Soluciones Legales.
Además, destaca que las demandas relacionadas con las terminaciones de contrato a trabajadores con fuero especial, es decir, aquellos que gozan de una protección legal debido a su situación de salud, maternidad, paternidad o su afiliación a un sindicato, representan un porcentaje importante de los conflictos laborales.
En cuanto a las demandas relacionadas con errores en la liquidación de prestaciones sociales, el director de Soluciones Legales explicó que surgen cuando los beneficios no salariales, otorgados de forma habitual, no se incluyen en la base salarial, lo que provoca reclamaciones por parte de los trabajadores.
“En estos casos, los trabajadores exigen la reliquidación de sus beneficios, como primas, cesantías, vacaciones e intereses sobre cesantías, debido a que ciertos auxilios o reconocimientos habituales no fueron correctamente considerados en el cálculo de su salario base. Esto genera disputas legales sobre la correcta interpretación de los pagos realizados”, añadió Grajales.
Las consecuencias de esos errores generan costos para las empresas con demandas que derivan en indemnizaciones, sanciones económicas y deterioro de la reputación corporativa.
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Para la reducción del riesgo de demandas, Grajales explicó que las empresas deben:
- Aplicar el debido proceso disciplinario antes de un despido
- Asegurarse de cumplir con las protecciones legales para trabajadores con fuero especial
- Mantener un registro claro de los beneficios salariales y no salariales.
Por otra parte, resalta la importancia de que las empresas cuenten con asesoría jurídica especializada en esos temas para prevenir y, en caso de una demanda, utilizar mecanismo de conciliación y arbitraje.
