![Admiten acción popular contra Gobierno Petro por riesgo de pérdida de seguridad y soberanía energética Admiten acción popular contra Gobierno Petro por riesgo de pérdida de seguridad y soberanía energética](https://www.valoraanalitik.com/wp-content/uploads/2023/06/Petroleo-en-Colombia-3-696x406.jpg)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) ante el inminente riesgo de pérdida de la seguridad y la soberanía energética en materia de hidrocarburos y gas en el país.
Desde abril, FEDe. Colombia viene alertando sobre esta situación, sumándose a las advertencias de los gremios del sector energético en el país, preocupados por la disminución en las reservas de gas y petróleo en el territorio colombiano.
El 29 de mayo de 2024, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presentó el Informe de Reservas y Recursos (IRR) de la vigencia 2023, que constata un patrón de disminución de reservas. En el Informe, se confirmó que las reservas probadas de petróleo y gas en Colombia vienen agotándose cada vez más y cada vez más rápido.
Mientras las primeras pasaron de 7,5 a 7,1 años, las segundas cayeron de 7,2 a 6,1 años.
Sumado a esto, en la misma fecha, la ANH presentó un documento que contiene las “medidas adoptadas para garantizar la gestión eficiente de las reservas y recursos contingentes de petróleo y gas en los contratos y convenios de hidrocarburos vigentes”.
Dentro de las medidas se destacan la creación de un comité interinstitucional, la actualización normativa, la reconversión de la infraestructura física, entre otras medidas que, a la fecha, no se han implementado y que, el año pasado, el Informe de Reservas 2022, también habían anunciado.
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Para FEDe. Colombia, en parte, esto se debe a la decisión del Gobierno Nacional de no suscribir nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Al consultar las entidades demandas por FEDe. Colombia (el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, Ecopetrol S.A. y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público), se encontró que, a la fecha, no existe un plan de acción ni un trabajo articulado por parte de las autoridades competentes.
Lo primero que se descubrió es que la decisión del Ejecutivo no está respaldada por estudios técnicos ni de impacto financiero, lo que pone en riesgo las finanzas públicas. Además, los planes para reactivar contratos suspendidos y mejorar el recobro, destinados a sustituir la economía fósil, no han mostrado resultados concretos.
También se observó que el anuncio de importar gas de Venezuela fue improvisado por el Ministerio de Minas y el presidente de Ecopetrol.
De acuerdo con la entidad, el ministro Andrés Camacho mencionó que estaban trabajando en la recuperación del viaducto con Venezuela, pero días después afirmó que importar gas de ese país era inviable en todos los aspectos.
“A pesar de no tener la aprobación de la OFAC, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, afirmó que se estaban explorando con PDVSA las posibilidades del gasoducto transcaribeño para mitigar el déficit de gas”, precisó FEDe. Colombia.
Agregó que “diferentes gremios del sector energético como Naturgas, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), han mostrado su preocupación con el reciente Informe de Reservas y Recursos y elevaron nuevas alertas al Gobierno, con el fin de que este tome nuevas medidas que ayuden a mitigar los riesgos futuros”.
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En esa medida, la acción de FEDe. Colombia se encamina a proteger principios y valores de la Fundación, como la estabilidad macroeconómica y la creación e implementación de políticas de largo plazo que garanticen el bienestar de la población.
Asimismo, busca salvaguardar los derechos colectivos al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la defensa del patrimonio público, al acceso a los servicios públicos prestados de manera eficiente y oportuna y a la moralidad administrativa.
“FEDe. Colombia invita a la comunidad, a expertos y a cualquier interesado a hacerse partícipe del debate en el marco de la acción popular que se surte ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que busca contrarrestar la amenaza a la continuidad en la prestación de los servicios públicos como el gas, y garantizar la soberanía y autosuficiencia energética de Colombia”, manifestó la entidad.
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