Como se ha escuchado en reiteradas ocasiones desde que el gobierno de Gustavo Petro llegó a la Presidencia de Colombia -incluso desde su campaña-, en el país no se firmarán nuevos contratos que permitan explorar y explotar petróleo y gas natural, también conocidos como los hidrocarburos.
Que, en pocas palabras, es la facultad que entrega el Estado colombiano a una empresa -sea nacional o extranjera- para que pueda buscar petróleo y gas (hidrocarburos) dentro del territorio nacional.
Las principales razones que exponen los líderes de la Rama Ejecutiva son que estas prácticas atentan contra el bienestar social de algunas comunidades remotas, afectan de manera importante el medio ambiente y por el acelerador que se le pretende dar a la transición energética para usar más energías renovables -solar, biomasa, eólica, geotermia, etc.- y, cada vez, menos las no renovables (los hidrocarburos).
Sin embargo, tal y como sucede con la tercera Ley de Newton: cada acción tiene una reacción. Pero ¿cuáles serían las reacciones en este caso?
Diferentes actores del sector minero-energético en Colombia están, no solo de acuerdo, sino prestos a trabajar en pro de una matriz energética más limpia, sostenible, responsable en materia social e innovadora, al tiempo que han ratificado que, para ello, es necesario continuar usando los hidrocarburos.
Pues aseguran los expertos que para “salir al otro lado”; es decir, para poder generar y consumir energía de la manera más limpia posible (con bajísimas emisiones de gases de efecto invernadero -como el metano CH4 o el dióxido de carbono CO2-), se requieren al menos entre 30 y 50 años, en los cuales los combustibles fósiles e hidrocarburos seguirán teniendo un rol destacado en la generación de energía.
¿Cómo afecta al colombiano de a pie?
Mediciones de analistas y expertos en esta industria aseguran que el último eslabón de la cadena; es decir, los consumidores, usuarios o las llamadas “personas de a pie” también serán afectadas por la decisión de dejar de explorar y explotar petróleo y gas en el país, y no solo a las empresas como erróneamente se cree.
De acuerdo con un informe de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), se calcula que, ante la pérdida de competitividad, la producción futura de petróleo podría caer entre 50 mil y 70 mil barriles diarios, y por ende caería también el recaudo tributario ($33 billones entre 2023 – 2032).
Esto terminará por afectar no solo a millones de colombianos, sino al resto de sectores que deberán proveer esos ingresos fiscales perdidos.
Vale decir que este recaudo fiscal en riesgo equivale a:
- Desfinanciar la construcción de escuelas con recursos de regalías, que beneficiarían a más de 500.000 niños de las regiones más apartadas, entre otras inversiones orientadas al cierre de brechas de pobreza del país.
- Se perderían 20.000 vacantes de empleos directos por las campañas de perforación que se inviabilizarían (75 % mano de obra local. No incluye empleos indirectos).
Contratistas de bienes y servicios perderían oportunidades de contratación cercanas a US$4.500 millones. Estas son oportunidades adicionales a los 95.000 empleos que hoy genera la industria del petróleo y gas en Colombia.
- Desacelerar este sector impactaría más de 97 municipios y sus casi cinco millones de habitantes, cuya actividad económica se apalanca en este sector y a corto plazo no cuentan con alternativas de sustitución.
- El precio del dólar aumentaría de manera permanente entre $300 y $500, afectando a todos los colombianos, sus créditos, insumos de otros sectores, etc.
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Hay que decir que esta decisión tendría un efecto inmediato en el índice de precios al consumidor de Colombia, tanto por los mayores precios del combustible como por el coletazo en el dólar.
Al respecto, Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, considera que el mayor impacto que tendría, a futuro, la prohibición de la exploración se vería reflejado en la tasa de cambio.
Según el experto, se continuaría fortaleciendo en el tiempo la tasa de cambio, lo cual aumentaría el precio de los bienes transables. Adicionalmente, si el país pierde la capacidad de autoabastecerse tendría que importar combustibles, lo cual saldría más costoso y se vería reflejado en un aumento en el precio del combustible e inflación de transporte”.
Pérdida de la autosuficiencia energética
La ACP reveló que dejar de explorar y explotar petróleo y gas permitirá acelerar, en tres años, la pérdida de autosuficiencia energética (la capacidad de un país de autoabastecerse generando su propia energía, sin depender -en gran medida- de otros países).
Por tanto, Colombia aumentaría la necesidad de importar petróleo y gas, lo que implicaría un encarecimiento en el costo del gas natural de los hogares, gasolina, diésel y el combustible de aviación.
Además, habría un inevitable un aumento de costos en las tarifas de energía, mayor inflación y riesgos de abastecimiento por volatilidades e incertidumbres geopolíticas y del mercado internacional.
Otro de los problemas que se avecinarían es que, con la medida de hacer inviables los proyectos de nuevas reservas de gas offshore -por el cambio en régimen fiscal de las zonas francas propuesto en la reforma tributaria-, se aceleraría la importación de gas “con el alto impacto que esto tiene para los consumidores”, precisó la ACP.
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El gremio puntualizó que “el sector de hidrocarburos ha sido y es uno de los grandes contribuyentes del país; una fuente determinante de divisas y de ingresos públicos a nivel nacional y regional, apalancando iniciativas estratégicas de desarrollo económico, social y ambiental. En este marco, la ACP considera fundamental que la reforma en estudio no afecte la viabilidad de la inversión, pública y privada, ni la competitividad”.
