Siguen siendo varios los llamados de atención sobre las disposiciones del decreto del presupuesto que lanzó el gobierno del presidente Petro para la vigencia del 2024.
Según el documento, se entran a reglamentar la distribución de los recurso pero ha habido polémica y serias críticas por una partida presupuestal de $13 billones.
Incluso, ese decreto sobre la ejecución del presupuesto del gobierno Petro ha despertado el malestar y el llamado de atención de varios mandatarios regionales.
Lo anterior pues los recursos para obras clave de infraestructura podrían quedar en vilo y depender de la disposición del gobierno nacional.
Entre otros, el Metro de Bogotá podría llegar a afectarse a pesar de que el alcalde Carlos Fernando Galán ha sido insistente en que las obras avanzan y la primera línea se va a entregar.
¿Qué puede pasar con el decreto del presupuesto del gobierno Petro?
Sin embargo, ese decreto del presupuesto del gobierno Petro supone que el ejecutivo tenga facultades para distribuir los recursos que correspondería a 100 proyectos de infraestructura en el país.
Ante la situación, la crítica de varios analistas locales ha llevado a poner el foco sobre cuál podría ser el margen de maniobra del gobierno.
El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, explicó que la decisión fue tendenciosa y muy compleja para los intereses de la nación.
“Abusivamente, el Gobierno, cuando preparó el presupuesto, le metió una partida global de 13 billones de pesos. En el presupuesto, normalmente, debe ir discriminada las partidas de gasto individualizadas y ahora aparece es una partida global de $13 billones que entonces pensaban, seguramente, que la podían distribuir desde la Casa de Nariño al límite arbitrariamente”, dijo Restrepo en entrevista con Blu Radio.
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Agregó el analista que, bajo su criterio, es muy probable que la revisión de ese decreto no pase; es decir: que el Consejo de Estado rechace esa disposición y se corrija.
Por ahora, el gobierno Petro asegura que el decreto sobre el presupuesto va acorde con las disposiciones que le otorga la ley en Colombia al ejecutivo para hacer un uso adecuado de los recursos.
