Cámara Colombiana de la Energía ha destacado varios aspectos que preocupan al sector de servicios públicos domiciliarios en Colombia en medio de la incertidumbre que ha sembrado el Gobierno Nacional con los anuncios de reformas que buscarán, por ejemplo, un rediseño del marco regulatorio de esta industria.
Para la Cámara, que la Superintendencia de Servicios Públicos afirme -sin fundamento analítico de fondo que lo sustente- que las comisiones regulatorias han sido lejanas a la sociedad y cercanas a las empresas es desconocer el rol que las comisiones desempeñan para garantizar el entorno para que los servicios públicos se presten en las condiciones previstas en las leyes 142 y 143 de 1994.
Según la Cámara Colombiana de la Energía, la literatura económica destaca varias razones clave por las que las comisiones reguladoras independientes se consideran convenientes para gobernar los servicios públicos domiciliarios en Colombia:
- Imparcialidad y Objetividad:
Idealmente, las comisiones reguladoras independientes operan al margen de la influencia política y de la industria, lo que les permite tomar decisiones imparciales basadas en criterios objetivos como el interés público y la sostenibilidad a largo plazo.
Esto reduce el riesgo de captura regulatoria, donde la industria regulada influye indebidamente en las regulaciones para su propio beneficio, afectando a los consumidores y a la competencia.
- Experiencia y enfoque de largo plazo:
Las comisiones reguladoras independientes atraen y retienen expertos en los sectores de servicios públicos, que cuenten con capacidad técnica y experiencia para comprender las complejidades de estas que son industrias complejas.
La estructura independiente les permite adoptar una perspectiva de largo plazo en la toma de decisiones, lo cual es crucial para el desarrollo de infraestructura y la gestión sostenible de recursos en estos sectores.
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- Consistencia regulatoria y previsibilidad:
Las comisiones independientes pueden establecer regulaciones coherentes y predecibles, fomentando un entorno propicio para la inversión y la innovación a largo plazo en cada sector de los servicios públicos de Colombia.
Esta previsibilidad permite a las empresas planificar sus operaciones de manera efectiva y reduce la incertidumbre para los consumidores. Los retornos sobre las inversiones pueden tomar 25 o más años en cada componente de la cadena de prestación eficiente de cada servicio.
- Mayor confianza pública:
La separación de las funciones regulatorias de las esferas política e industrial puede mejorar la confianza pública en el proceso regulatorio.
Esta confianza mejorada puede conducir a una mayor aceptación pública de las regulaciones y fomentar un comportamiento responsable por parte de las entidades reguladas.
- Eficiencia y Rentabilidad:
Las comisiones reguladoras independientes pueden ser más eficientes que los organismos reguladores controlados por el gobierno, ya que a menudo -o casi siempre- están protegidas de las presiones políticas y de la burocracia. Además, el enfoque a largo plazo en la recuperación de costos puede incentivar la gestión eficiente de recursos dentro de las entidades reguladas.
- Evitar la captura regulatoria:
Cuando el cuerpo regulatorio está controlado por el gobierno, existe el riesgo de que las empresas reguladas presionen para obtener beneficios a expensas de los usuarios. Un cuerpo regulatorio independiente reduce este riesgo en el sector de servicios públicos de Colombia.
- Proteger los derechos de los usuarios:
Un cuerpo regulatorio independiente puede actuar como defensor de los usuarios, velando por sus derechos y resolviendo sus controversias con las empresas prestadoras de servicios.
La Cámara Colombiana de la Energía señaló que la efectividad de las comisiones reguladoras independientes depende de varios factores, incluido su diseño, estructura de gobernanza y mecanismos de rendición de cuentas.
“Si bien su independencia ofrece beneficios potenciales, debe equilibrarse con la rendición de cuentas ante las partes interesadas para garantizar una toma de decisiones responsable y evitar posibles abusos de poder”, manifestó el gremio.
Entre tanto, la Cámara expuso que, en Colombia, se observa una tendencia a separar el cuerpo técnico que asiste a las comisiones reguladoras independientes del cuerpo colegiado que toma las decisiones.
Este último está compuesto por entre tres y cuatro ministros nombrados por el presidente de la República, a los que se suman seis expertos también designados por el mismo.
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“Tanto el cuerpo técnico como el cuerpo colegiado -de la industria de servicios públicos en Colombia- responden a una sola directriz de política económica y energética, sin que ello quiera decir que deba propenderse por la aceptación acrítica de cualquier formulación. La fortaleza técnica de las comisiones reguladoras es un activo construido a lo largo de tres décadas y no debe desecharse por razones sin fundamento técnico”, manifestó el gremio.
Y agregó que las comisiones reguladoras solo toman decisiones de acuerdo con sus reglamentos internos que han sido aprobados por el Gobierno Nacional.
Es decir, “satanizar a dichas comisiones -porque en opinión de algunos- son ruedas sueltas que hacen su voluntad por encima del Gobierno, es desconocer la trayectoria de construcción durante 30 años de marcos regulatorios sólidos y que han promovido que cada vez muchos más colombianos tengan acceso a los servicios públicos”.
Pretender que desde el Gobierno Central se hacen las cosas mejor, para la Cámara Colombiana de la Energía, es desconocer las experiencias del siglo XX, que derivaron en un acceso lento y deficiente a esos servicios, en grandes deudas para el Gobierno Nacional y, en muchas ocasiones, tarifas exorbitantes que no reconocían la capacidad de pago de los usuarios.
