Un tribunal de arbitramento le dio la razón a Coviandes, antiguo concesionario de la vía Bogotá – Villavicencio, en un millonario pleito que tenía activo contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
De acuerdo con la compañía, esto se dio por los hechos presentados entre 2018 y 2019, cuando el corredor al Llano estuvo clausurado por meses, tras los deslizamientos presentados en varios puntos de la carretera.
El punto más crítico estuvo en el km 58, que, incluso, hoy en día sigue siendo complejo de tratar y ha generado otros cierres en los últimos años.
Con esto en mente, Coviandes y la ANI se fueron a un tribunal de arbitramento, con el fin de que esta definiera quién tenía la responsabilidad en dicha situación.
¿Qué dijo tribunal sobre el km 58 de la vía Bogotá – Villavicencio?
En ese sentido, el tribunal concluyó que Coviandes cumplió con su obligación de diseñar y construir la infraestructura correspondiente el puente uno y al túnel 13, y ello consta en las respectivas actas de finalización de las obras de las etapas siete, ocho y nueve del proyecto.
“La inestabilidad y derrumbe de la ladera del km 58 en las dimensiones o magnitud que ocurrió fue causada por circunstancias o situaciones hidráulicas, geológicas, geotécnicas y sísmicas, y la causa principal o preponderante fue la hidráulica”, indicó el tribunal.
Y explicó que las causas de esta situación fueron “imprevistas e imprevisibles” durante la etapa de elaboración de los diseños del proyecto y de la etapa de la construcción del túnel 13.
Por lo anterior, el laudo indicó que la crisis generada en el km 58, así como sus consecuencias, “no son imputables a Coviandes”.
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“La ANI expresamente asumió como un riesgo a su cargo la inestabilidad de la ladera del km 58 en la dimensión o magnitud que ocurrió”, dijo la firma en un comunicado.
En la práctica, esto deja a Coviandes sin responsabilidad de lo generado en la zona, motivo por el cual el tribunal desestimó las pretensiones de la ANI de que se declarara como tal.
Nuevas medidas en la vía Bogotá – Villavicencio
De otro lado, la decisión, emitida este 10 de noviembre, indicó que cualquier obra de reparación o reconstrucción realizada por el concesionario debe ser remunerada tras un acuerdo previo con la ANI.
Esto quiere decir que ambas partes deben firmar un pacto para dejar claro quién realizará los trabajos pendientes, ahora que salió el laudo del tribunal de arbitramento.
De acuerdo con el contrato de concesión, el túnel 13 al que hace referencia el comunicado es el que le da continuidad al puente Chirajara, que está en proceso de reconstrucción y se espera quede terminado al cierre de 2023.
Con esto en mente, sin esta obra y un puente más que está pendiente, el nuevo Chirajara no podrá ser usado, motivo por el cual el Gobierno ha pedido que se realicen los trabajos.
“Estamos buscando un acuerdo con el concesionario para que adelante las obras y cuando el laudo arbitral determine responsabilidades, revisamos si lo que pagamos es suficiente o si no, le completamos el recurso invertido”, dijo hace unas semanas el ministro de Transporte, William Camargo, en entrevista con Pregunta Yamid.
