Un colombiano que trabaje en cualquier país iberoamericano puede cotizar a su plan de pensión y disfrutar de la misma al momento de retiro en cualquiera de los países miembros de la comunidad.
La iniciativa es una realidad desde mediados del año pasado y, para hacerse a una idea, permite que un colombiano que trabaja o trabajó en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela pueda gozar de lo cotizado al jubilarse.
En su momento, el ministro de Trabajo de Colombia, Ángel Custodio Cabrera, explicó el beneficio de la siguiente manera: “Con la implementación de esta alianza, se amplían los mecanismos de protección social para los colombianos que han laborado, se encuentran laborando o se trasladan a alguno de los 15 países que firmaron este pacto, así como a los extranjeros provenientes de esos países que estén empleados en Colombia”.
Además de lo anterior, ese convenio permite facilitar canales de migración regular para reducir la vulnerabilidad de esta clase de población, “garantizando el principio de igualdad de trato para con los nacionales de los Estados que hacen parte del convenio y se propenda para que existan más pensionados”.
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Adicionalmente, para los gobiernos que hacen parte del convenio este plan fortalece la formalización laboral.
Esto es lo que permite el convenio
- Garantiza la igualdad de los trabajadores iberoamericanos con independencia de la nacionalidad cuando trabajen en un país diferente al suyo.
- “Admite la totalización de los periodos de cotización a pensión, acreditados en los distintos países que hacen parte del convenio; garantizándose la conservación de los derechos en curso de adquisición”, asegura el Ministerio de Trabajo.
- Se mantienen los derechos adquiridos, “no perdiéndose las prestaciones por trasladarse a otro país”.
- “Permite la aplicación de las disposiciones más favorables al trabajador en el caso de que existan un convenio bilateral”, dice el Ministerio del Trabajo.
- Se aboga por la colaboración administrativa y técnica entre las instituciones para facilitar la aplicación de los derechos de los beneficiarios.
- “No modifica las legislaciones de los países, las coordina para evitar la pérdida de derechos contributivos”, agrega el Ministerio.