En una inédita medida realizada ayer, 10 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia allanó el Ministerio de Hacienda por el escándalo de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres).
Funcionarios del alto tribunal se llevaron el computador de una de las principales asesoras de la oficina de enlace con el Congreso y revisaron los equipos de otros trabajadores de esta dependencia, en la que es la primera vez en la historia que se registra a esta entidad por un caso de corrupción.
Vale recordar que, presuntamente, desde el MinHacienda se entregaron contratos a cambio de votos clave para tramitar proyectos y créditos internacionales.
De hecho, el avance de la investigación le costó el puesto al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia para asumir su defensa.
Esto se dio luego de que la exasesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, asegurara que el entonces MinHacienda sabía del entramado corrupto.
“Él me usó, él usó el hecho de ser ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, dijo en una declaración a una fiscal.
¿Por qué la Corte Suprema allanó el Ministerio de Hacienda?
Sumado a lo anterior, en las pesquisas también ha quedado en el radar un grupo de congresistas que habría recibido los contratos a cambio de su apoyo en iniciativas clave del Congreso.
Particularmente, la Corte Suprema tiene la hipótesis de que los investigados habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).
Y, a cambio, el Ministerio de Hacienda habría entregado “dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD”.
“En concreto, a cambio de conceptuar operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar)”, dijo el alto tribunal.
La investigación involucra a los parlamentarios Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y al excongresista Juan Diego Muñoz.
En las últimas semanas, estos últimos han pasado por la Corte Suprema para dar sus versiones, pero en su mayoría han optado por no declarar y han asegurado que no tienen culpabilidad frente a lo que se les investiga.
A pesar de lo anterior, la Corte ya tiene más de 50 pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de 10 pruebas testimoniales, que le permitirá seguir avanzando en el caso de la UNGRD.
