La Corte Constitucional informó que avanzó en el estudio de la reforma pensional aprobada mediante la Ley 2381 de 2024, cuya implementación en el país está prevista para el 1 de julio de 2025, destacando que esta reforma modificará el sistema pensional vigente.
El alto tribunal analiza actualmente 12 demandas que cuestionan la validez de la norma, especialmente por presuntas irregularidades en su trámite legislativo en el Congreso de la República.
En este contexto, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, recientemente posesionado como presidente de la Corte Constitucional, prepara la ponencia que servirá de base para la discusión del tema en la Sala Plena. Se espera que el análisis de la reforma pensional inicie en los próximos días.
Fecha estimada para la decisión sobre la reforma pensional
El magistrado Ibáñez señaló que se prevé la radicación de la ponencia esta semana, lo que permitirá que su estudio en la Sala Plena comience de inmediato. “Calculo que, en aproximadamente tres o cuatro semanas, máximo cinco, la Sala Plena adoptará una decisión de fondo sobre la reforma pensional”, afirmó.
Entre las objeciones presentadas ante la Corte se destaca la recusación interpuesta por la senadora Paloma Valencia contra el magistrado Vladímir Fernández. Según la congresista, Fernández debería apartarse del proceso debido a su presunta participación en la redacción de la reforma cuando se desempeñaba como secretario jurídico de la Presidencia de la República.
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No obstante, en primera instancia, la Sala Plena determinó que no existen pruebas suficientes para respaldar esta afirmación y que la recusación fue presentada fuera del plazo establecido por la normativa vigente, motivo por el cual fue rechazada.
El debate sobre la reforma pensional ha generado gran expectativa en el país, ya que su implementación transformará el modelo de seguridad social y afectará directamente a millones de colombianos.
La decisión del tribunal no solo definirá el futuro inmediato de la reforma, sino que también sentará un precedente sobre los límites del proceso legislativo y la constitucionalidad de los cambios en el sistema de pensiones en Colombia.
