El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, aclaró que el alto tribunal no tiene una postura en contra del presidente Gustavo Petro ni una fijación en sus reformas, enfatizó que su labor consiste en ejercer el control constitucional sobre las demandas que interponen.
Y es que actualmente, la reforma pensional, la única que el gobierno ha logrado aprobar en el Congreso, enfrenta un panorama incierto. A pocos días de su implementación, su futuro está en riesgo debido a posibles vicios de trámite.
Uno de los principales obstáculos es una ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez ante la Corte Constitucional, en la que propone anular el proyecto precisamente por presuntas irregularidades en su aprobación legislativa. Esta situación surge a raíz de una demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien busca invalidar la reforma pensional impulsada por el gobierno y que está programada para entrar en vigor el 1 de julio de 2025.
En entrevista con W Radio, Ibáñez recordó que la función de la Corte ha sido siempre la misma: examinar y responder a las demandas que se presentan sobre las leyes, tanto en su forma como en su contenido.
«Hemos visto reformas constitucionales que se han caído por vicios de forma, a pesar de las bondades que podrían traer», señaló el magistrado.
Sobre la reforma pensional, indicó que se han presentado 57 demandas en su contra, lo que ha llevado a los magistrados a revisar cada una de ellas de manera minuciosa.
«La decisión final dependerá de si el vicio es de tal magnitud que no pueda ser subsanado. En ese caso, la Corte declarará su inconstitucionalidad, como lo ha hecho en múltiples ocasiones», explicó.
Para ilustrar su punto, Ibáñez recordó que en 1979 una reforma constitucional fue anulada por vicios de procedimiento, a pesar de que buscaba la creación de la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura. «Si esa reforma se hubiera aprobado, no habría sido necesario acudir a la Constituyente pocos años después», agregó.
Asimismo, mencionó que, durante el gobierno de Virgilio Barco, una reforma que buscaba llamar a referendo sobre la extradición tuvo que ser retirada debido a la falta de claridad en las reglas de su trámite- aunque tenía consensos de todas las partes -lo que generó confusión en la sociedad colombiana que atravesaba la crisis del narcotráfico.
Con estas referencias, el magistrado subrayó que la revisión de reformas no es un hecho aislado ni dirigido contra un gobierno en particular, sino parte del ejercicio de control constitucional que la Corte ha llevado a cabo históricamente.
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Historial de decisiones de la Corte
A lo largo de los diferentes gobiernos, la Corte Constitucional ha frenado reformas y proyectos por considerar que vulneraban la Constitución.
Por ejemplo, durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), la Corte tumbó la reforma que permitiría su segunda reelección en 2010, argumentando que desconocía los principios democráticos y ponía en riesgo la estabilidad institucional. Asimismo, declaró inconstitucionales algunas disposiciones del Estatuto de Seguridad Ciudadana, al considerar que otorgaban facultades excesivas a la fuerza pública.
En el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), la Corte Constitucional tumbó partes del Marco Jurídico para la Paz al considerar que afectaba el derecho de las víctimas a la justicia. Además, en 2012 anuló en su totalidad la reforma a la justicia, señalando que presentaba vicios de procedimiento y conflicto de intereses dentro del Congreso.
Bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022), la Corte declaró inconstitucional la reforma tributaria de 2018, argumentando que su aprobación había tenido vicios de trámite.
También declaró inexequibles varios decretos expedidos durante la pandemia en 2020, al considerar que no cumplían con los requisitos constitucionales para su validez.
¿Qué podrá pasar con la reforma pensional de Petro?
El alto tribunal continúa examinando el proceso que tuvo de la reforma pensional en el legislativo, desde allí hay varios escenarios que podrían venir.
Primero, que se declare inconstitucional en su totalidad, lo que obligaría al Gobierno a replantear su estrategia y presentar un nuevo proyecto ante el Congreso.
Por otro lado, la Corte podría anular solo algunos artículos o expresiones, eliminando las disposiciones que presenten irregularidades sin afectar el resto de la ley.
En otro caso, se podría dar la orden de modular su aplicación, es decir, interpretar o condicionar ciertos aspectos para ajustarlos a la Constitución.
O finalmente devolverla al Congreso para subsanar los errores y completar el trámite conforme a los requisitos legales.
