Antes de que termine abril, la Contraloría tiene programado presentarle al Ministerio Hacienda y al Congreso de la República un balance posterior a la auditoría que inició en la DIAN el 13 de marzo con el fin de verificar su gestión fiscal y tributaria.
El contralor, Carlos Hernán Rodríguez, le contó a la Comisión Legal del Cuentas de la Cámara de Representantes que la entidad se encuentra monitoreando de forma permanente y en tiempo real los ingresos tributarios y las tendencias en su comportamiento a través de la revisión de los softwares y las bases de datos.
También destacó que en los últimos años ha generado “oportunamente” una serie de alertas y llamados de atención a las autoridades alrededor de la situación económica y fiscal del país, la cual calificó como “compleja”, para que se mejoren los procesos relacionados con planeación y ejecución del presupuesto.
Rodríguez se refirió particularmente a las objeciones respecto a cómo se estaban estructurando proyecciones de ingresos y gastos desde 2023 y el hecho de que estas no coincidieran con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el crecimiento de la economía o los datos históricos.
También porque el recaudo tributario no mostró el comportamiento esperado (cerró 2024 en $245 billones y se cumplió el 85,4 % de la meta de $287 billones que había sido ajustada desde $315 billones) y la ejecución presupuestal “no era congruente con las normas del estatuto orgánico de presupuesto”.
De hecho, el año pasado, la entidad empezó un monitoreo permanente para advertir sobresaltos que impidieran el cumplimiento de las metas porque «no es justo que a fin de año estemos contando que pasó algo que ya habíamos advertido», dijo el contralor.
En contraste, la ejecución presupuestal apenas alcanzó el 83,1 % el año pasado (89 % en gastos, 87 % en deuda y 57 % en inversión), una cifra históricamente baja, según el funcionario, que además “habría sido peor (78,4 %) sin el recorte de $28 billones de diciembre».
Más allá del monitoreo en la DIAN, Rodríguez se refirió también al alto nivel de deuda, que creció 16,6 % entre 2023 y 2024 hasta los $962 billones (57 % del PIB), y a la acumulación de reservas cada vez mayores ($61,7 billones en 2024), los cuales generan presiones adicionales y “plantean un riesgo significativo para la sostenibilidad fiscal y una vulneración de la Regla Fiscal”.
Finalmente, la Contraloría le recomendó al Ministerio de Hacienda fortalecer el recaudo tributario optimizando los sectores gravables, evitar la evasión, hacer una ejecución presupuestal eficiente, priorizar la inversión pública y controlar el gasto “para avanzar hacia una sostenibilidad fiscal sólida y un crecimiento económico sostenible”.
MinHacienda reconoce que la situación fiscal es de difícil maniobra
Por su parte, el director del Presupuesto Público Nacional, Jairo Bautista, destacó ante la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes que el gasto de funcionamiento no se limita al pago de nóminas, sino que financia áreas clave como salud, educación y pensiones, compromisos constitucionales innegociables.
Precisamente rubros como el Sistema General de Participaciones (SGP) hacen parte de esas inflexibilidades porque contiene una gran parte de inversión social, por lo que no se pueden someter a recortes presupuestales. Además, reconoció que los gastos de personal han venido aumentando por el movimiento del salario mínimo y la inflación.
“El gasto de inversión también es inflexible. Entre vigencias futuras y rentas de destinación específica tenemos $57 billones que no podemos tocar en 2025 porque habría que renegociar procesos contractuales y cambios legales”, contó.
Por ahora, el Ministerio monitorea semanalmente la ejecución del gasto para tomar decisiones oportunas en un contexto fiscal “de difícil maniobra”, según Bautista, aunque la clave está en que se cumplan las metas de recaudo, por lo que es clave el fortalecimiento de la labor de la DIAN.
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