La Contraloría General de la República de Colombia puso en marcha el ejercicio de la llamada función de advertencia con un pronunciamiento al Gobierno Nacional frente a la convocatoria pública para la selección del inversionista que se encargará del proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo. Vea más información de energía aquí.
Bajo este mecanismo, la Contraloría señaló varios riesgos que se corren con el proyecto: empezando con que el esquema de remuneración establecido implicaría un impacto tarifario para los usuarios de gas en el país, al entrar en operación esta planta en 2024, dado que se verían afectados con un incremento del 32 % en tres años.
Con el control fiscal y preventivo que realizó en este caso la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, el organismo de control identificó riesgo de connotación económica, riesgo por el licenciamiento ambiental, riesgo de interferencia en el tráfico marítimo y operaciones de navegabilidad en la bahía de Buenaventura, riesgo por los posibles efectos sobre la política de transición energética y riesgo por incertidumbre regulatoria.
La razón principal del Gobierno para acometer este proyecto es garantizar el suministro de gas en el país, considerando que -de acuerdo al “Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028” que elaboró la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme)- existe una alta posibilidad de que se presente un Fenómeno del Niño considerable hacia el año 2024 (más drástico que los ocurridos en los últimos 20 años), lo que hace necesario que la Planta de Regasificación de Buenaventura entre a operar hacia esa fecha, dado el alto consumo de gas que se proyecta.
Llama la atención a la Contraloría que la Upme plantee la necesidad urgente de construir la Planta Regasificadora del Pacífico para suplir ese déficit de gas natural que se presentaría a partir de enero de 2024.
Esto porque si el proceso de selección del inversionista se cumpliese sin ningún contratiempo y el proyecto es adjudicado a finales de septiembre de 2021, como aparece en el cronograma, y estimando un tiempo de construcción de la planta de 58 meses, según la misma Upme, se pondría en operación en julio de 2026, dos años y medio después de presentarse dicho déficit.
En el estudio de la Unidad se presentan inconsistencias en el horizonte de autosuficiencia de gas natural del país, pues plantea cerca de nueve años de reservas de gas de producción nacional; es decir, hasta cerca del 2030.
Recomendado: Gobierno de Colombia extiende plazos para licitación de regasificadora del Pacífico
Sin embargo, expone un déficit de gas que se presentaría a comienzos del 2024, lo que justifica la construcción de la planta. La planta de regasificación costará cerca de US$400 millones, el gasoducto US$161 millones y la infraestructura de comprensión US$150 millones, para un valor total de US$711 millones.
La convocatoria pública de la Upme tiene por objeto seleccionar el inversionista que se encargará, a todo riesgo del adjudicatario, de la prestación del servicio de almacenamiento de GNL, regasificación y transporte de gas natural y Servicios Asociados de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico conformada por la Planta de Regasificación del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo.
Riesgo de connotación económica
Para la Contraloría tomar como base y sustento para el desarrollo del proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico el déficit de gas de producción nacional a comienzos del año 2024, producto de plantear un crítico fenómeno climático seco, implica un riesgo de connotación económica.
En la advertencia firmada por el Contralor General de la República (E), Julián Mauricio Ruiz, y dirigida al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, el director de la Upme, Christian Jaramillo, y el presidente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Jorge Alberto Valencia, se relaciona lo que indicó al respecto la Contraloría delegada para el Sector de Minas y Energía:
“…si bien es cierto, la planta no se construirá con recursos del presupuesto nacional, no es menos cierto que su esquema de remuneración establecido implicará un efecto tarifario para los consumidores de gas en el país, pues una vez construida la misma se asumirá el pago de ésta, así la misma no se vaya a utilizar si los supuestos del déficit no se presentan. Es decir, estaríamos asumiendo riesgos con alto impacto económico y social al tener un activo improductivo, construido con un buen propósito, pero con escenarios de oferta y demanda que hoy son objeto de diversos repararos”.
Preocupante impacto tarifario
En cuanto a los impactos tarifarios, según lo informado por la Creg a la Contraloría, estos solo se podrán obtener en forma posterior a la adjudicación y durante la operación del proyecto.
Sin embargo, la evaluación preliminar de la Upme, contenida en el “Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028”, esboza un escenario de aumentos tarifarios al considerar una franja de posibles incrementos basados en los precios del gas importado.
Recomendado: Estructuración de Regasificadora del Pacífico afectaría transición energética en Colombia
De acuerdo con la Contraloría, ejemplifica así que, para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos (que hoy paga por esa cantidad $28.800), la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta $38.000 mensuales, a partir de 2024, es decir un incremento de 32 % en tres años.
“Situación preocupante dado su impacto económico para la mayoría de colombianos que hoy utilizan este combustible”, expuso el ente de control.
Efecto adverso en la política de transición energética
Le preocupa a la Contraloría el eventual efecto adverso que pueden generar en la política de transición energética los potenciales incrementos en la tarifa para el sector industrial, pues podría ser un incentivo para retornar al consumo de combustibles más baratos, pero más contaminantes, produciendo un desbalance en la relación costo-beneficio en dicho aspecto.
Asimismo, en la actualidad no existe una reglamentación clara asociada a la comercialización del gas importado, situación que ha afectado la celebración de compromisos en firme con los potenciales consumidores de mayor demanda, lo que a futuro puede incidir en la viabilidad del proyecto.
Riesgo regulatorio
También, según el ente de control, genera incertidumbre que tanto la Resolución Creg 107 de 2017 (en la que se establecen los procedimientos que se deben seguir para ejecutar proyectos del Plan de Abastecimiento de gas natural) como la Resolución Creg 152 de 2017 (establece reglas complementarias para el desarrollo de la infraestructura de importación de gas del Pacífico), que sustentan regulatoriamente el proyecto, estén siendo modificadas en pleno proceso de adjudicación del mismo, “lo que implica un gran riesgo jurídico y técnico para el sector y el país”.
El 19 de febrero la Comisión publicó las Resoluciones Creg 006 y 007 de 2021 que contienen las correspondientes propuestas de ajuste. Allí se plantean cambios importantes en la concepción del proyecto que han sido alertados por varios sectores, entre ellos la posibilidad de permitir el transporte de gas de la planta por carrotanques, con las implicaciones que eso tendría.
Riesgo ambiental
Según la Contraloría, no se advierte a la fecha que el Gobierno de Colombia, a través de la Upme o del Ministerio de Minas y Energía, haya evaluado con la Autoridad Ambiental los requerimientos que conlleva en esta materia el licenciamiento para cada uno de los componentes de la infraestructura, en particular para la construcción del gasoducto.
Recomendado: TGI está firme por regasificadora del pacífico, pero advierte varios riesgos
Si bien es cierto este licenciamiento corresponderá gestionarlo al adjudicatario, en la etapa de planeación se deberían considerar los tiempos y así establecer su posible afectación sobre la fecha prevista para tener la infraestructura necesaria para el aprovechamiento del gas importado.
Por otro lado, la Dirección General Marítima (Dimar) ha manifestado reiteradamente su “concepto no favorable” sobre la implementación del proyecto en el Puerto de Buenaventura, por la interferencia que posiblemente acarreará en el tráfico marítimo al interior de la bahía y en el resto de las instalaciones portuarias.
La entidad ha solicitado a la Upme la reconsideración del área de construcción de cualquiera de los dos proyectos que implique la planta de regasificación.
—
