El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en la Presentación del estudio sectorial: Subsidios en electricidad, gas combustible, GLP y combustibles líquidos (2014-2024), aseguró que la evaluación de los esquemas de subsidios a las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas y combustibles líquidos debe abarcar una mejor gestión de los fondos públicos con los que estos se financian.
Así como y los criterios de focalización, para evitar que se subsidien usuarios que no lo necesitan y se dejen de subsidiar aquellos hogares con menores ingresos, señaló Rodríguez Becerra.
“La mejora de los controles para su adecuada asignación y la sostenibilidad fiscal de cada sistema es fundamental. Este estudio plantea la discusión sobre los ajustes necesarios en los esquemas de solidaridad, considerando la evolución de los recursos requeridos para su otorgamiento, la sostenibilidad de su financiación y las posibles mejoras para garantizar su destinación a quienes realmente los necesitan”, manifestó el contralor.
Para el líder del organismo de vigilancia y control, las principales fallas encontradas en los esquemas de subsidios comprometen los objetivos de calidad, acceso equitativo y sostenibilidad financiera, además de encontrarse riesgos asociados a la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
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Recordó que, entre 2014 y 2024, los Fondos de Solidaridad Para Subsidios y Redistribución de Ingreso (Fssri), Fondo de Energía Social (FOES) y Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) gestionaron recursos significativos, incluyendo $25 billones para subsidios eléctricos y $2,4 billones para las denominadas zonas no interconectadas.
Destacó, además, que las necesidades de subsidios para energía crecieron un 44 % en los últimos diez años, superando los incrementos en la demanda de energía y los recursos disponibles en el Presupuesto General de la Nación.
Fenómeno muy ligado al crecimiento del número de usuarios de estratos 1 y 2 en todo el país.
Para el contralor general, esta diferencia, entre el aumento de las necesidades y los recursos disponibles, evidencia una presión cada vez mayor sobre las finanzas públicas y un deterioro de la sostenibilidad fiscal de los esquemas de subsidios.
“En la última década la Contraloría General ha adelantado más de 20 auditorías y actuaciones especiales que han evidenciado, por medio de hallazgos, presuntas irregularidades disciplinarias, penales y fiscales con detrimentos superiores a $190.000 millones asociadas a la gestión de subsidios”, informó el funcionario.
Aseguró que, teniendo en cuenta el actual esquema de subsidios a las tarifas de energía eléctrica, están en juego cuantiosos recursos públicos por $25 billones entre 2014 y 2024; un promedio de $2,4 billones cada año, con cerca de 133 puntos de control entre ellos:
- 45 empresas comercializadoras receptoras de estos fondos
- 78 empresas con superávit que deben girar recursos
- Cinco fiducias que manejan recursos de subsidios de energía social (FOES)
- Cinco distribuidores mayoristas de combustibles que prestan sus servicios en las Zonas No Interconectadas
- Y las fiducias que manejan recursos del fondo de solidaridad FSSRI
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“No obstante, para la Contraloría se considera prioritario continuar y profundizar el seguimiento a través de otras actuaciones de control fiscal para identificar los riesgos de corrupción y las posibles pérdidas de recursos en el esquema de solidaridad asociado a los fondos”, subrayó Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
Añadió que esto “resulta especialmente importante debido a la confluencia de múltiples problemas en los controles existentes en el Ministerio de Minas y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.
Entre las principales debilidades y riesgos identificados por la Contraloría General se destacan las siguientes:
- Falta de supervisión y control efectivos
- Inconsistencias en la información
- Incumplimiento de normas por parte de las empresas prestadoras
- Riesgos de pérdida de recursos
- Deficiencias en el proceso de validación
- Deficiente coordinación interinstitucional
- Desarticulación entre dependencias del Ministerio de Minas y Energía
- Manejo manual de voluminosa información estratégica
- Incumplimiento de procedimientos
- Ineficiencia en las inversiones adelantadas para ahorro de energía
