La Contraloría General de la República dio a conocer que realizó una auditoría financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) para la vigencia 2023.
En el marco de la investigación, se informaron 17 hallazgos, de los cuales 14 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno de otra incidencia y seis tienen incidencia fiscal por $84.898.866.209.
El hallazgo de mayor cuantía, dijo la Contraloría General de la República, corresponde a la destinación indebida de recursos del Fomag al pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 e indemnización por interés a las cesantías dispuesta por $68.101.994.018.
Lo anterior “ocasionando detrimento fiscal, teniendo en cuenta que los recursos del Fomag son de destinación específica, de conformidad con la Ley 1995 de 2019, artículo 57”.
Así mismo, los otros hallazgos de alta cuantía se establecieron al determinarse que con recursos del Fomag, dijo la Contraloría General de la República, “se pagó de manera inoportuna solicitudes de cesantías parciales y/o definitivas y fallos relacionados con sanción mora y pensiones”.
Otros hallazgos de la Contraloría General de la República sobre el Fomag
Dice la auditoría que por esto último se pagaron, respectivamente, sanciones moratorias por $8.991.067.608, así como intereses moratorios por $3.419.184.418 debido al incumplimiento de los términos establecidos en los artículos 177 del C.C.A. y 192 del CPACA.
Por otra parte, se evidenciaron pagos de mesadas pensionales posteriores a la fecha de fallecimiento de docentes y beneficiarios por $89.629.864 y pagos indebidos de la mesada pensional a docentes y beneficiarios residentes en el exterior, con certificados de supervivencia vencidos, por $3.716.036.876.
“En este ejercicio de control fiscal, al igual que en los adelantados en 2023, se determinó la presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Fomag, así como de las entidades territoriales, por lo que, con los resultados obtenidos, se reitera el llamado para que se desarrollen mecanismos que solucionen las situaciones continuamente evidenciadas”, dijo la Contraloría General de la República.
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Pide la entidad entonces que se lleven a cabo los planes para la correcta administración de estos recursos públicos “y se adopten mecanismos para evitar que se sigan presentando pagos por estos conceptos, los cuales lesionan el patrimonio público de todos los colombianos”.
