La Contraloría General de Colombia hizo un llamado al Gobierno Nacional para adoptar medidas que eviten un posible racionamiento de energía en el país.
El organismo de control subrayó la urgencia de atender los retrasos en los giros de subsidios a las empresas de energía eléctrica y gas y que podría traducirse en un aumento significativo en las facturas de los usuarios más vulnerables de los estratos 1, 2 y 3.
Deudas acumuladas superan los $7 billones
Según la Contraloría, la deuda acumulada para el cierre de 2024 por concepto de subsidios y opción tarifaria asciende a más de $7 billones. Esto incluye $2,7 billones en subsidios para energía eléctrica, $3,3 billones en opción tarifaria, $1 billón relacionado con usuarios oficiales, y $628.000 millones en gas natural.
Esta cifra, que representa el 60 % de los recursos necesarios anuales, amenaza con desestabilizar financieramente a las empresas prestadoras del servicio.
El ente de control resaltó que esta situación afecta directamente la liquidez de las empresas, lo que podría derivar en el desmonte de subsidios y en un alza de tarifas. Por ejemplo, una familia de estrato bajo que hoy paga $30.000 por el servicio de gas, sin subsidio, tendría que asumir un costo cercano a los $58.000.
Fallas en los esquemas de subsidios
La delegada de Minas y Energía de la Contraloría destacó graves deficiencias en los esquemas de subsidios para tarifas de electricidad, gas por redes y gas en cilindros (GLP).
El organismo insistió en la necesidad de garantizar la prestación de servicios públicos esenciales para los hogares más vulnerables, priorizando los giros de subsidios y el cumplimiento de las obligaciones del Estado con las empresas comercializadoras.
Falta de mecanismo para cubrir la deuda
Tras el archivo del proyecto de Ley de Financiamiento 2024, que proponía reconocer como deuda pública las obligaciones pendientes de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 con las empresas comercializadoras, la Contraloría alertó sobre la ausencia de un mecanismo claro para cubrir esta deuda de $3 billones. Este vacío podría llevar a que las empresas trasladen los costos a los usuarios, incrementando la cartera vencida y agravando la crisis financiera del sector.
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El contralor anunció la convocatoria al ministro de Minas y Energía, al ministro de Hacienda y a la Procuraduría General de la Nación, junto con los gremios del sector minero energético, para realizar mesas de trabajo. El objetivo es buscar soluciones conjuntas que permitan garantizar la prestación de servicios esenciales y salvaguardar los recursos públicos.
La Contraloría reiteró que cubrir estas deudas no es solo una inversión del Presupuesto General de la Nación, sino una obligación corriente que requiere atención prioritaria. Además, señaló que la inseguridad energética impacta negativamente la confianza de inversionistas públicos y privados, generando efectos en diferentes sectores de la economía.
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