El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, emitió una advertencia al ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho Morales, por los riesgos inminentes de pérdida de la seguridad energética, recursos públicos y/o afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de carácter público que se están presentando actualmente en este sector.
Lo anterior, de acuerdo con un estudio sobre Seguridad y Confiabilidad Energética que elaboró el organismo de control, da lugar a que la Contraloría advierta sobre un inminente desabastecimiento energético.
Ante este panorama, la entidad puso en conocimiento del ministro los riesgos identificados, con la finalidad de que, en el marco de sus competencias, y las de los funcionarios correspondientes, se adopten las decisiones que se consideren pertinentes para precaver la ocurrencia de estos y la afectación de los intereses públicos.
¿Cuáles son los riesgos identificados en el estudio sectorial “Seguridad y Confiabilidad Energética en Colombia (2010-2026)?
La Contraloría de Colombia ve cuatro riesgos clave para la seguridad energética del país:
- Bajos ingresos para la Nación
La entidad ve un riesgo de una baja significativa en los ingresos de la Nación, principalmente en las regalías, derivada de la reducción de la producción de hidrocarburos y por ende de su exportación, evidenciada a través de los indicadores de exploración e incorporación de reservas, lo cual pone de presente “el anquilosamiento en el sector de hidrocarburos en Colombia”.
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Adicionalmente, la disminución de ingresos por concepto de impuestos, generados por las industrias, las cuales ante un eventual desabastecimiento o incremento en los combustibles (Gas, ACPM, Gasolina) terminarían acabando con las empresas.
- Más subsidios
El ente de control ve un riesgo a tener que destinar recursos públicos para atender subsidios en lo que corresponde a servicios públicos, ya que el valor que pagarían los usuarios por acceder a gas y otros combustibles, si se afecta la producción dentro del país y no se cuenta con el abastecimiento suficiente para atender la demanda, obligaría a importar dichos combustibles, encareciendo el precio -pues debe competirse en el mercado internacional-, generando así un aumento en el costo de energía para muchos usuarios que hoy son subsidiados.
Esto para la Contraloría significaría que el Estado asuma un costo mayor, sin los ingresos suficientes dentro de su presupuesto para atender los subsidios requeridos.
“Este es un riesgo que prácticamente ya se está materializando, poniendo en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica por el no giro de cerca de $2,5 billones”, dice la entidad.
- Baja en el PIB
Riesgo a que, como consecuencia de la no celebración y continuación de contratos de exploración y explotación en materia de hidrocarburos y carbón, se disminuya la inversión extranjera directa en el país, lo cual tiene efectos en el PIB ya que se disminuyen los ingresos para la Nación, por tanto, los ingresos del Estado no serían suficientes para atender las necesidades de este.
Además, la Contraloría advirtió que también se afectaría la tasa de cambio ejerciendo presiones alcistas del dólar, lo que afecta la economía y el valor de la deuda externa.
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- Más ayudas para los combustibles
El último riesgo que ve el órgano de control es que se incrementen los niveles de subsidio a los combustibles, producto de la posible alza en sus precios al ser importados, aumentando con ello el déficit existente en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el cual ha llevado a niveles importantes de desfinanciamiento, equivalentes a cerca de $100 billones en los últimos 15 años y que deberán ser cubiertos con el Presupuesto Nacional.
“Estos riegos se podrían llegar a consolidar en un mediano a largo plazo si no toman medidas para modificar las tendencias observadas en el sector de hidrocarburos del país”, señala en su comunicación de advertencia sobre el tema el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
En lo que se basa la Contraloría para hacer dichas advertencias
Los riesgos expuestos en esta advertencia cumplen con criterios de excepcionalidad como trascendencia social y alta connotación económica, aseguró la entidad.
En cuanto a la trascendencia social, la Contraloría indicó que la disminución de alternativas energéticas asequibles se traduce en presiones al alza del gasto destinado a energía y el consecuente empobrecimiento de la población, que no puede dejar de usar los energéticos y se vería obligada a retornar al uso de opciones más asequibles como la leña.
Adicionalmente, la caída de las reservas de hidrocarburos repercutirá en menores niveles de regalías las cuales son usadas primordialmente para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos colombianos.
“Asimismo, está la posible existencia de futuros racionamientos, de hecho, ya se ven las consecuencias cuando desde diversos frentes hay alertas sobre escasez de gas en el país”, manifestó.
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Se advierte que en la medida en que los ingresos de la Nación disminuyan, no se podrían cumplir las metas de inversión social, afectando de manera directa el costo de vida de la población colombiana, como consecuencia del desabastecimiento de combustibles, lo que implicaría aumento del costo de vida y de las tarifas de servicios públicos.
“Finalmente, la seguridad energética es de vital importancia para la estabilidad económica del país, ya que la exploración, explotación y producción de hidrocarburos, entre ellos el gas, genera ingresos por regalías de $9 billones anuales e impuestos para soportar las inversiones sociales; por tanto, el hecho de no firmar contratos petroleros en nuevas áreas reduce potenciales oportunidades petroleras de nuevos hallazgos en hidrocarburos y por ende de ingresos al Erario”, concluyó la Contraloría.
