Los nuevos proyectos, tanto de Gobierno como empresariales para el crecimiento del país en sostenibilidad reviven un debate de la importancia que tiene la consulta previa para los mismos.
Este mecanismo es un derecho fundamental que le permite a las comunidades étnicas conocer sobre medidas legislativas y administrativas o proyectos que se vayan a realizar dentro de sus territorios y que puedan impactar en sus usos o tradiciones.
De acuerdo con la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, en el 2022 se emitieron 1.867 actos administrativos de determinación de procedencia, de los cuales, 373 dieron inició a la consulta previa y 29 fueron objeto de visitas de verificación en territorio.
Sin embargo, Guillermo Pattigno, gerente general de ACDesarrollo, una firma de asesoramiento de procesos de consulta previa con diferentes compañías privadas señala que aún hay muchos desafíos en la materia.
¿Cuáles son esos desafíos?
Si bien hay una gran jurisprudencia que regula este mecanismo, aún no hay reglas de cómo llevarlo adelante en cada uno de los territorios y esto incide a que haya dificultades de relacionamiento genuino e incluso procesos que pueden llegar a tardar más de dos años sin que se haya iniciado el proyecto debido a la consulta previa.
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“Claro, hay aún varios retos por delante, el principal es comprender que la consulta previa es un derecho y que antes de desarrollar los proyectos de inversión es necesario de forma preventiva que las compañías conozcan la zona que van a intervenir en términos de lo etnico, eso, les permitirá incluir en los presupuestos el proceso”.
¿Pero cómo ayuda la consulta previa a compañías y comunidades?
Este mecanismo ofrece una oportunidad para ambas partes, puesto que, por un lado, le permite a la comunidad comprender los alcances del proyecto, identificar los impactos hacia ella y llegar a unos acuerdos con la empresa.
La empresa debe proponer una inversión por compensación que permita mejorar la calidad de vida de las personas de ese territorio, y preservar sus usos y tradiciones de los efectos que podría generar el proyecto.
Por otro lado, la compañía tiene la oportunidad de comprender quiénes son los actores que están presentes en el territorio y al ser la consulta previa el primer hito de relacionamiento intercultural a largo plazo, pueden entender las mejores opciones de inversión social estratégica.
Ello para que prevengan o mitiguen impactos que puedan afectar la continuidad de las operaciones y facilite la construcción de territorios prósperos y sostenibles.
ACDesarrollo ha logrado implementar 271 consultas, en sus diversas etapas: preconsulta, apertura, identificación de impactos, formulación de medidas de manejo, formulación de acuerdos, protocolización, seguimiento de los acuerdos y cierre de consultas luego del cumplimiento de acuerdos como soporte a diversas compañías del país en sectores igualmente diversos.
El directivo está convencido de que la consulta previa es una herramienta con la que Colombia puede apostarle al desarrollo sostenible gracias a la construcción de confianza entre las comunidades étnicas y el talante participativo y de co-creación de cada inversión por compensación.
“Lo cierto, es que hay empresas que ven a la consulta previa un proceso que va a encarecer los proyectos y ralentizar las operaciones y también comunidades que lo evidencian como la oportunidad de obtener recursos de inversión que históricamente les han sido esquivos desde el nivel territorial”.
Por eso, desde ACDesarrollo se ha propuesto llevar adelante una estrategia denominada “Diálogos sostenibles”, que pretende fortalecer en las compañías la comprensión estratégica de un proceso consultivo y las oportunidades de su gestión en cuanto al relacionamiento a largo plazo.
