La reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrentará un nuevo recorrido en distintas instancias para intentar salir adelante. Esto ocurre luego de que ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado presentaran una ponencia para su archivo, lo que llevó al Ejecutivo a buscar alternativas para mantener vivo el debate.
Ante esta situación, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que se agotarán todas las vías institucionales disponibles, incluyendo la posibilidad de convocar a una consulta popular.
Sanguino, calificó como “desafortunado” que se haya cerrado el debate sobre la reforma y criticó que no se permitiera una discusión amplia. “Lo desafortunado al final es que se ponga una mordaza para discutir la reforma que el país ha pedido históricamente y lo necesita”, afirmó el ministro.
La respuesta del Gobierno: consulta popular y movilización social
Ante el revés legislativo, el presidente Gustavo Petro anunció en una alocución presidencial que convocará a una consulta popular para que la ciudadanía decida el futuro de la reforma laboral y la reforma a la salud.
“Esto significa que se hará una convocatoria al pueblo, no solo para movilizarse, sino para decidir. La manera en que la Constitución permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular. El Gobierno convocará una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y la reforma a la salud”, declaró el mandatario.
El gobierno también ha hecho un llamado a la movilización social, resaltando que la reforma había logrado consensos importantes en la Cámara de Representantes y que cumple con compromisos internacionales en materia de derechos laborales.
Las marchas representarían otro traumatismo para la economía del país y el efecto para empresarios, locales y tiendas.
El ministro Sanguino anunció que las reformas no se retirarán: «Nosotros no estamos retirando los proyectos, estamos esperando que surtan su trámite». Y agregó que se está preparando un paquete de decretos reglamentarios para avanzar en algunos aspectos de la reforma por otras vías.
Los requisitos y desafíos de una consulta popular
Kenneth Burbano Villamarín, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, explicó que la propuesta del presidente Petro debe cumplir con ciertos requisitos constitucionales y legales.
El procedimiento para convocar una consulta popular implica que el Senado de la República debe pronunciarse sobre su conveniencia en un plazo de 30 días después de presentada la propuesta. Además, el presidente debe justificar su petición y establecer la fecha de la consulta, que debe realizarse en un periodo no superior a cuatro meses. Para que la consulta sea válida, se requiere que pase por la Corte Constitucional y el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos y la participación de al menos una tercera parte del censo electoral.
En este contexto, dado que el censo electoral en Colombia es de 40.963.370 personas, la participación mínima requerida es de 13.650.456 ciudadanos.
Burbano también advirtió que, aunque jurídicamente la consulta popular es una opción viable, enfrenta múltiples desafíos: “Su propuesta es repentina, no cuenta con las mayorías en el Senado, estamos en un año preelectoral y ciertamente la credibilidad del gobierno ofrece serios obstáculos para la prosperidad de la consulta”.
El experto recordó que, aunque el presidente Petro ha recurrido en varias ocasiones a la idea de convocar consultas populares, estos mecanismos deben cumplir estrictamente con los requisitos legales y respetar la división de poderes.
¿Cuánto costaría una consulta popular en Colombia?
El costo de una consulta popular en Colombia depende de diferentes factores, pero un referente clave es la consulta popular anticorrupción de 2018, que tuvo un costo de $310.479 millones, según el Consejo Nacional Electoral.
Estos gastos incluyen impresión de material electoral, capacitación de jurados, logística de transporte y seguridad, entre otros. En caso de que la consulta popular promovida por el gobierno se concrete, el Estado colombiano deberá asumir estos costos a través de las entidades competentes en la organización electoral.
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