El presidente Gustavo Petro ha propuesto una consulta popular para que los colombianos decidan el futuro de las reformas laboral y de salud, luego de que ambas iniciativas encontraran obstáculos en el Congreso.
Una investigación económica de la firma Crowe Co detalla cuánto le costará al país la iniciativa impulsada por el jefe de Estado.
Esta consulta, amparada por el artículo 103 de la Constitución, requerirá la aprobación del Senado para avanzar, un trámite que promete convertirse en un nuevo escenario de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Si la iniciativa supera este obstáculo, la Registraduría Nacional será la encargada de organizar la votación en un plazo de tres meses.
Para que la consulta sea válida, al menos el 33 % del censo electoral (13,6 millones de colombianos) deberá participar, y la opción del «Sí» necesitará obtener más del 50 % de los votos.
Este representa un desafío considerable para el Gobierno, que tendría que movilizar un respaldo electoral incluso mayor al que llevó a Petro a la presidencia en 2022, con 11,3 millones de votos.
Desafíos económicos y logísticos de la consulta popular
De acuerdo con la investigación, la situación fiscal del país y la lenta recuperación económica podrían afectar su viabilidad, mientras que la cercanía con las festividades de fin de año podría reducir la participación ciudadana.
Se estima que, en caso de aprobarse, la votación se llevaría a cabo entre octubre y noviembre, evitando interferencias con las elecciones presidenciales de 2026.
Más allá del resultado, es evidente que esta iniciativa podría profundizar aún más la polarización política y abrir un nuevo capítulo en la confrontación entre la Casa de Nariño y el Congreso.
El costo real de la consulta popular en Colombia
Según un análisis financiero de la firma de contadores Crowe Co., este proceso electoral podría costarle al país, en promedio, $119.000 millones. Sin embargo, estimaciones basadas en iniciativas anteriores, como la consulta anticorrupción de 2018, sugieren que el gasto podría superar los $400.000 millones si se consideran ajustes por inflación y ampliaciones logísticas. En 2018, dicha votación costó aproximadamente $240.000 millones. Siete años después, con los costos de vida actuales, esta votación podría superar ampliamente esa cifra.
El estudio, dirigido por Juan Carlos Arbeláez Mesa, socio del área de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co., desglosa los costos asociados a este mecanismo de participación ciudadana:
Impresión de material electoral: Se estima la impresión de entre 35 y 40 millones de tarjetones, con un costo de $200 a $300 cada uno, lo que representaría entre $7.000 y $12.000 millones. A esto se suman los formularios de conteo de votos, sobres de seguridad y urnas de cartón.
Logística y transporte: La distribución del material electoral a más de 100.000 mesas en todo el país implicaría gastos en transporte terrestre y aéreo, almacenamiento seguro y adecuación de los puestos de votación. Este rubro costaría entre $20.000 y $30.000 millones.
Pago de personal electoral: Aunque los jurados de votación no reciben salario, la Registraduría debe contratar personal de soporte para el escrutinio, capacitar funcionarios y cubrir viáticos y horas extras de jueces y notarios. Este costo se estima entre $40.000 y $60.000 millones.
Tecnología y transmisión de datos: Se requieren servidores, software de escrutinio y líneas seguras de transmisión desde zonas apartadas, con un gasto estimado de entre $15.000 y $25.000 millones.
Divulgación y pedagogía electoral: La Registraduría y otras entidades suelen realizar campañas informativas para incentivar la participación ciudadana. Este rubro podría costar entre $3.000 y $5.000 millones.
¿De dónde saldrá este dinero?
Según Arbeláez, financiar esta consulta podría implicar la reasignación de recursos de sectores clave como educación, salud y vivienda. Las principales fuentes de financiamiento serían uso del capital del Fondo de Contingencias o de reservas presupuestales, otra opción es el uso de los recursos del Tesoro Nacional, que incrementaría el déficit fiscal.
Otras opciones que señala el informe es la emisión de deuda pública (TES), aumentando la carga de intereses del Estado, en el peor de los casos, una nueva reforma tributaria, que afectaría aún más a los ciudadanos.
El contexto fiscal actual del país complica aún más la situación. En 2024, el déficit fiscal cerró en 6,8 % del PIB (unos $90 billones), mientras que la deuda pública alcanzó el 60 % del PIB, niveles no vistos desde la crisis de la pandemia.
Además, un traslado presupuestal superior al 20 % dentro de una sección del presupuesto requiere la aprobación del Congreso, lo que podría generar un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Legislativo en medio de las tensiones políticas actuales.
En conclusión, Arbeláez advierte que, desde un punto de vista técnico y financiero, llevar a cabo esta iniciativa en el actual contexto presupuestal es cuestionable. “Si el propio Gobierno reconoce diariamente la difícil situación fiscal, destinar entre $400.000 y $500.000 millones a un proceso electoral extraordinario resulta una decisión poco prudente e inoportuna”, enfatiza.
