El Consejo Privado de Competitividad dio a conocer el informe nacional de competitividad 2021 – 2022 para Colombia.
El documento tiene en cuenta el análisis, en 16 áreas de varios sectores, como el sistema fiscal, el mercado laboral, el sistema financiero, salud y el sistema educativo nacional.
Este análisis busca evidenciar los puntos fuertes y las debilidades para, a partir de allí, contar con los insumos necesarios para darle forma a algunas políticas públicas en el corto y mediano plazo en Colombia.
Para esta ocasión, el informe explica que, en cuanto a mercado laboral, una de las preocupaciones más importantes tiene que ver con la pérdida de puestos formales para mujeres y jóvenes entre 14 y 28 años. A junio de 2021, Colombia registraba la cuarta tasa de desempleo más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
Esto último al tiempo que, en 2020, el autoempleo representó el 51,3 % de la población ocupada, el valor más alto entre países de la Ocde.
Esto se acompaña del hecho de que el país debe liderar cambios en materia pensional, pues, según el Consejo Privado de Competitividad, el 65 % de los pensionados se encuentra en el 20 % de la población con mayores ingresos.
Al tiempo que, durante el año pasado, el gasto en pensiones del Gobierno Nacional llegó a un máximo histórico de 4,2 % del PIB.
Otros aspectos a atender
De otro lado, el informe nacional de competitividad se preocupa por exponer los principales retos que tiene el sistema tributario colombiano, luego de la crisis que dejó el Covid-19 en Colombia.
Se lee en el documento que un punto a tener en cuenta por el Gobierno es que el 79,9 % del recaudo de impuestos directos proviene de empresas, dato que está sustancialmente por encima del promedio de los países de la Ocde: 29 %.
Así mismo, el informe explica que la productividad del IVA en Colombia es de 32,8 %, “frente al promedio regional de 40,7 %. Los recursos que se dejan de recibir por exenciones de IVA son los más altos de América Latina (4,9 %)”.
Esto último mientras, se destaca en el análisis, el recaudo de impuestos territoriales se ha incrementado durante los últimos años, pasando de 2,7 % en 2008 a 3,5 % del PIB en 2019.
De cara al sistema financiero, el Consejo Privado de Competitividad evidencia que, durante el año pasado, la cartera bancaria pyme (pequeñas y medianas empresas) fue la que más creció con la pandemia, un 10,3 % en términos reales, mientras que el total de la cartera bancaria creció cerca del 2,7 %.
Así mismo, asegura el documento que “el mercado de valores colombiano tiene baja capitalización bursátil, pocas empresas listadas y baja velocidad de rotación accionaria”.
Recomendaciones para la construcción de política pública
De esta manera, el Consejo Privado de Competitividad deja ver una serie de sugerencias a tener en cuenta para que en Colombia se construya una base de política pública que mitigue las principales urgencias del país.
De un lado, en materia laboral, sugiere el informe ajustar las normas laborales y de seguridad social “para lograr ofrecer empleos formales a la población desempleada y con empleo vulnerable en el país: esto incluye actualizar la legislación laboral; crear un seguro de desempleo; permitir las contribuciones a la seguridad social por horas; mejorar el mecanismo para la fijación de salario mínimo y reducir costos laborales no salariales; cerrar brechas de cobertura y calidad en protección social y; diseñar e implementar la Política Nacional del Cuidado”.
Esto último, hay que recordar, ya fue propuesto por varios tanques de pensamiento y de hecho ha sido una opción viable para el Gobierno Nacional.
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Ahora, en el eje fiscal y tributario, el Consejo Privado propone mejorar la regulación para promover la competencia y, como política vital: poner al consumidor en el centro. Esto lleva al hecho de revisar los reglamentos, regulaciones y medidas no arancelarias y derogar los que no tengan evidencia de un impacto neto positivo.
Así mismo se propone “reducir la dispersión de los aranceles; fortalecer el régimen de protección y abogacía de la libre competencia; expandir el uso del análisis de impacto normativo (AIN) y hacer obligatorio el uso del Sistema Único de Consulta Pública (Sucop) para proyectos regulatorios y legales”.
Finalmente, para el Consejo Privado de Competitividad es clave que el Estado tenga las herramientas necesarias para recaudar más y mejor.
Por lo anterior es que se necesita avanzar hacia una estructura tributaria “que se apoye más en las personas naturales, de acuerdo con su ingreso, y menos en las empresas, que no son más que procesos productivos; eliminar exenciones y tratamientos especiales en el impuesto a la renta corporativa, así como en el impuesto al valor agregado (IVA) y; sustituir el impuesto de industria y comercio (ICA)”.
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