El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lideró su tercer Consejo de Ministros televisado, el cual inició a las 9:00 p.m., una hora después de lo anunciado.
Aunque durante la reunión Petro criticó la gestión de algunos de sus ministros, se abordaron diversos temas, como el orden público en la zona de El Plateado, el paro arrocero y problemas con el sistema energético, pero no se llegó a resoluciones de fondo.
La sesión comenzó con la condecoración de los 29 uniformados que habían sido secuestrados en la zona rural de El Plateado y La Hacienda, en el Cañón del Micay.
Orden público y presencia criminal
Petro abordó el control que ejercen las disidencias de las FARC en esta región, denunciando la existencia de alianzas criminales en los cinco municipios del Cañon del Micay.
Y es que la situación en la zona sigue siendo crítica debido a la alta presencia de cultivos de uso ilícito. Según declaraciones oficiales, la zona está «dominada por carteles mafiosos extranjeros», lo que hace urgente la intervención del Estado para garantizar su presencia y control.
El último hecho que se presentó fue el secuestro de los soldados y un policía, luego de una asonada de habitantes de El Plateado, un municipio ubicado en esta conflictiva región.
“Esto no es contra el Estado, es contra la Nación. Los que dominan ese ejército de narcos son extranjeros, básicamente carteles mexicanos. No son revolucionarios, es un ejército privado del narcotráfico”, afirmó.
El mandatario también aseguró que estos grupos criminales tienen vínculos con una denominada «junta del narcotráfico» en Dubái y que se han registrado intentos de atentar contra su vida. “Los nombres los sabemos y cuyas acciones también conocemos. Ya van cuatro intentos. Esa mafia domina en Micay, no son las FARC”, sostuvo.
Sobre el secuestro de los uniformados, Petro explicó que la población civil fue obligada por las disidencias a retenerlos.
Plan de intervención en el Cañón del Micay
En el encuentro, Mónica Díaz, subdirectora de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), expuso los avances de la estrategia gubernamental en la región. El plan incluye:
- Mejoramiento de 150 viviendas.
- Formalización de predios.
- Sustitución de cultivos de coca por cacao.
- Licitación para la construcción de un hospital en El Plateado.
- Activación de medidas de protección para líderes sociales.
- Programa del Ministerio de Igualdad para vincular a jóvenes en proyectos de sustitución.
- Instalación de paneles solares.
Advertencia sobre un posible paro cocalero
Durante la reunión, Armando Benedetti hizo su primera intervención como ministro del Interior. En su exposición, advirtió sobre el riesgo de un paro cocalero en Nariño si no se garantizan los recursos para el PNIS. “Si esto sucede en Nariño, también se extendería a Putumayo”, advirtió.
Benedetti también explicó su versión sobre la reciente asonada en El Plateado. Según el ministro, bandas criminales como la de Carlos Patiño engañaron a los campesinos haciéndoles creer que se realizaría una erradicación forzada, lo que generó la revuelta y posterior retención de los uniformados.
Crisis del sector arrocero
Petro también abordó el paro arrocero y criticó a los grandes molineros y terratenientes por el aumento en los costos del arroz. “Los pequeños y medianos arroceros pueden recibir el apoyo del Estado, pero no los grandes terratenientes. Hay que comunicar esto a los pequeños productores, porque lo que está ocurriendo es similar a lo que pasó con los camioneros: los terratenientes están bloqueando las carreteras en su propio beneficio”, explicó.
El paro arrocero surge por la crisis de sobreoferta, causada por el aumento en las áreas cultivadas en Casanare, el contrabando y las importaciones de arroz extranjero, lo que ha reducido los precios y generado pérdidas para productores y empresas.
Los arroceros exigen precios más justos, ya que el valor de la carga ha caído hasta $50.000, afectando sus ingresos. Además, piden un ajuste en los costos de los fletes. La principal diferencia con el Ministerio de Agricultura radica en el monto destinado a los alivios para mitigar la crisis.
El mandatario también criticó al Ministerio de Hacienda por realizar transferencias a sectores privilegiados sin su autorización. “Si el Ministerio de Hacienda hace transferencias a los ricos sin consultar al presidente, está matando la posibilidad de transformar Colombia”, subrayó.
Polémica por embargo de cuentas del Gobierno
Otro tema de discusión fue el anuncio del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre el embargo de cuentas del Gobierno por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM) debido a deudas pendientes. Petro calificó esta acción como una maniobra política.
“EPM, que es una empresa pública a la cual la Nación ha ayudado mucho, ahora decide embargar las cuentas del Gobierno. No solo el uribismo sabotea la financiación, sino que además embarga los pocos recursos que tenemos. Esto no es una acción en beneficio de Antioquia, ni de Medellín, ni de la Nación, sino una acción política”, afirmó.
Luego, instruyó al ministro de Minas, Edwin Palma, a tomar medidas inmediatas. “El presidente tiene la función constitucional de control y vigilancia sobre los servicios públicos. Le pido al ministro de Minas que actúe de inmediato”, ordenó.
El Juzgado Décimo Civil del Circuito ordenó el embargo de cuentas del Gobierno Nacional por deudas pendientes con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales.
Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el Gobierno de Gustavo Petro no ha pagado los subsidios a la tarifa de energía para los estratos 1, 2 y 3, acumulados desde el año pasado. Ante la falta de respuesta a múltiples solicitudes de diálogo, EPM decidió recurrir a la vía judicial.
El fallo judicial reconoce una deuda de más de $41.654 millones por obligaciones impagas, además de $5.258 millones en intereses moratorios, con un embargo total decretado por $83.309 millones.
Además de esta demanda, EPM también ha interpuesto acciones legales por otras deudas del Gobierno, incluyendo los aportes no pagados al Metro de la 80 en Medellín.
Críticas a su gabinete
Petro no escatimó críticas a su equipo de gobierno, especialmente en la gestión de proyectos sociales y sustitución de cultivos. Señaló deficiencias en sectores como conectividad, vivienda y agricultura.
“¿Cómo se llevan computadores si no hay conectividad? No pueden seguir cometiendo los mismos errores. Regalan computadores, pero no hay red”, criticó. También cuestionó la cifra de 150 viviendas mejoradas en el Cañón del Micay. “No se necesitan 150, necesitamos miles. Si uno no va al Micay, no sabe de qué está hablando”, dijo al viceministro de Agua del Ministerio de Vivienda, Edward Steven Libreros.
Ante las críticas, Gustavo Bolívar, director del DPS, aclaró que la cifra de viviendas mencionada por el PNIS correspondía solo a una parte de la estrategia. Sin embargo, Petro le respondió con una crítica al modelo de administración de recursos: “El neoliberalismo transformó el DPS en una entidad focalizadora del recurso. Focalizar es neoliberal”, concluyó.
