Consejo de Competitividad recomienda reformar estructura del IVA y que más personas paguen renta

- Publicidad - Hoy en Bogotá, la presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Rosario Córdoba Garcés, entregó la nueva versión del Informe Nacional de Competitividad en la que lanzó críticas a lo que consideró como el aplazamiento de las reformas trasncendentales que necesita el país. La reflexión que propone el CPC sobre estos temas […]

Hoy en Bogotá, la presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Rosario Córdoba Garcés, entregó la nueva versión del Informe Nacional de Competitividad en la que lanzó críticas a lo que consideró como el aplazamiento de las reformas trasncendentales que necesita el país.

La reflexión que propone el CPC sobre estos temas no pretende señalar responsables, dijo, sino hacer un llamado a la acción conjunta sobre asuntos prioritarios e inaplazables, por parte de todos los estamentos del país: diferentes niveles de Gobierno, legislativo, sector privado, trabajadores, academia, organismos de cooperación internacional y sociedad civil.

“Es intolerable que, a pesar de estar identificados dichos problemas, con sus alternativas de solución, no se han tomado acciones efectivas para resolverlos de manera estructural”, enfatizó la dirigente.

Dijo que estas situaciones se han presentado por una mezcla de intereses creados, falta de voluntad política -porque las soluciones son en ocasiones impopulares o políticamente costosas-, y restricciones fiscales para su implementación que llevan a que no se prioricen; a que se aplacen indefinidamente.

Córdoba señaló que no de otra manera se explica que solo uno de cada cuatro colombianos en edad de jubilación reciba una pensión y que la mitad de los pensionados se encuentre en el 20 % con mayores ingresos de la población, mientras que el 20 % con menores ingresos apenas concentra al 0,2 % de los pensionados. O que tres cuartas partes de los subsidios pensionales se destine al 40 % de mayores ingresos y solo el 4 % al 20 % de menores ingresos, con un gasto anual del 4 % del PIB en transferencias pensionales.

Al aplazamiento de reformas estructurales también se debe que hoy Colombia, a pesar de contar con una de las más altas tasas de crecimiento económico de la región -superior incluso al pronóstico de la economía mundial-, tenga la segunda tasa de desempleo más alta de América Latina y el 47 % de sus ocupados con empleos clasificados como “vulnerables”, 12 puntos porcentuales por encima del promedio regional y 35 puntos frente a la OCDE.

A pesar de avances observados en la última década, el CPC considera que la informalidad laboral a nivel nacional alcanza el 64 % y, en lo que respecta a las empresas, el 60 % del total y el 75 % de las microempresas son informales. De las formales, el 1,2 % (19.000 empresas) genera el 67 % del empleo formal total, y menos del 0,2 % (3.500 empresas) declara el 72 % del total nacional del impuesto sobre la renta empresarial.

Para el Consejo, tampoco es fácil entender cómo después de casi 30 años de declarada apertura económica, el comercio de bienes y servicios como porcentaje del PIB ha aumentado apenas un 2 % frente a lo registrado en 1990. O que entre 2001 y 2018 se han perdido 4,3 millones de hectáreas de bosques -un área equivalente a la de Casanare-, mientras que la productividad de la tierra agrícola por kilómetro cuadrado es 44 % la de la OCDE.

Sus recomendaciones en años anteriores se han visto reflejadas, entre otros, en temas como: (1) reducción de costos de transporte y facilitación de comercio —desmonte de la tabla de fletes, Ley de Asociaciones Público- Privadas (APP), escáneres para inspección no intrusiva en puertos—, (2) sistema tributario más competitivo —reducción progresiva de la tasa efectiva de tributación empresarial, descuento por inversión en bienes de capital—, (3) sostenibilidad ambiental —CONPES de Crecimiento Verde—, (4) adopción de buenas prácticas regulatorias —CONPES de Mejora Regulatoria—, (5) política pública para la productividad y el desarrollo empresarial —creación de iNNpulsa Colombia, CONPES de Desarrollo Productivo, CONPES de Laboratorios, Red Clúster Colombia, programa Fábricas de Productividad, beneficios tributarios para actividades de innovación en empresas—, y (6) aumento de la formalidad —CONPES de Formalización Empresarial, régimen de tributación SIMPLE—.

Las recomendaciones
 

El Consejo lanzó estas recomendaciones sobre temas macroeconómicos:

1. Crear un sistema de información sobre personas receptoras de subsidios y montos asignados.

2. Definir criterios técnicos para la creación de un subsidio.

3. Adoptar un sistema de clasificadores de gasto moderno que permita transitar hacia un presupuesto por resultados.

4. Agilizar los concursos de mérito de ingreso en el sistema de carrera administrativa.

5. Implementar un programa para atraer profesionales sobresalientes al sector público.

6. Establecer una autoridad de coordinación y supervisión regulatoria.

7. Definir los criterios necesarios para la implementación del Análisis de Impacto Normativo.

8. Establecer revisiones ex post de normas con carácter obligatorio.

9. Extender los estándares mínimos para la publicación y consulta de proyectos de normas.

Recomendaciones tributarias:

1. Ampliar el umbral a partir del cual se empieza a tributar el impuesto de renta para personas naturales.

2. Incluir en la categoría de bienes y servicios excluidos del IVA solo los de interés público y, en la categoría de exentos, únicamente los exportados.

3. Eliminar el gravamen a los movimientos financieros.

4. Continuar con la reducción a los impuestos a la nómina.

5. Avanzar en la implementación del plan de modernización tecnológica y del recurso humano de la Dian.

6. Racionalizar las exenciones y regímenes especiales tributarios.

Recomendaciones sobre transporte:

1. Derogar el Decreto 2092 de 2011, y sus modificaciones posteriores, para culminar el esquema de libertad vigilada y permitir que los fletes se generen en condiciones de competencia.

2. Promover esquemas de cofinanciación para mejorar el acceso vial a las zonas urbanas, puertos y aeropuertos de todos los actores de la cadena logística.

3. Expedir una política nacional rectora que establezca una única metodología de priorización de proyectos de transporte en todos los modos, el cronograma para su ejecución y su correspondiente financiación.

4. Garantizar la operación de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) para fortalecer la visión de largo plazo del sector.

5. Definir un proceso claro y expedito para incluir el mecanismo de la iniciativa privada en la priorización de proyectos de infraestructura.

Recomendaciones en energía:

1. Diversificar la matriz de generación eléctrica a través de la expansión de la capacidad instalada de fuentes convencionales y no convencionales.

2. Continuar desarrollando una estrategia de abastecimiento de gas natural a precios competitivos a través de la producción nacional y la importación.

3. Replantear el esquema de subsidios a los estratos 1, 2 y 3.

4. Incrementar el monitoreo y el control sobre la prestación del servicio de energía.

5. Facilitar el uso de los beneficios tributarios para eficiencia energética.

Recomendaciones en pensiones:

1. Avanzar en el diseño e implementación de una reforma pensional.

2. Incrementar la cobertura del programa Colombia Mayor.

3. Involucrar a la rama judicial en las mesas técnicas donde se discute la reforma pensional.

Recomendaciones comercio exterior:

1. Realizar una reforma a la estructura arancelaria que permita disminuir la dispersión, acabar con el contrabando técnico, eliminar las distorsiones, dar eficiencia a los procesos aduaneros y corregir las protecciones efectivas negativas.

2. Utilizar la estrategia de “guillotina regulatoria” (análisis de impacto normativo) para eliminar las medidas no arancelarias innecesarias y fortalecer el grupo de trabajo encargado de su revisión.

3. Poner en marcha el nuevo sistema informático aduanero de la Dian para automatizar los procesos que aún se realizan de forma manual.

4. Hacer interoperables los sistemas de riesgo de las entidades que realizan el control a las operaciones de comercio exterior.

5. Priorizar las apuestas productivas en la agenda de admisibilidad de la oferta exportable en el mercado internacional.

6. Crear un catálogo en línea que compile los requisitos técnicos que deben cumplir los exportadores en los procesos de certificación de todos los mercados internacionales.

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