Tras la ola de violencia que se vive en el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro oficializó el documento que declara el estado de conmoción interior. Según lo señalado por el mandatario, esta medida se aplicará durante 90 días y abarcará los municipios de El Carmen, Teorama, Ábrego, La Playa, El Tarra, Tibú, Sardinata y Ocaña.
Asimismo, la disposición incluirá el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de González y Río de Oro, ubicados en el departamento del Cesar.
El objetivo de la medida es enfrentar a los grupos ilegales que operan en estas zonas del país y que han dejado un saldo considerable de víctimas, especialmente en el Catatumbo.
Tras el anuncio, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, confirmaron la convocatoria al Congreso para debatir la decisión sobre la conmoción interior.
Cepeda informó que la sesión plenaria se llevará a cabo el próximo martes 28 de enero a las 3:00 p.m. como una “sesión especial en la que analizaremos los decretos y el informe del Gobierno Nacional”. Además, agregó que “ejerceremos control político, y la Cámara cuenta con 15 días para emitir un pronunciamiento de fondo”.
Por su parte, Salamanca comunicó en su cuenta de X que los representantes a la Cámara están citados el mismo martes 28 de enero, pero a las 10:00 a.m. Asimismo, aseguró que todo está preparado para los debates de control político relacionados con la decisión del presidente Petro.
¿Qué es el estado de conmoción interior declarado por el presidente Petro?
El estado de conmoción interior está contemplado en la Constitución Política de 1991, específicamente en el artículo 213, que establece que esta medida puede ser decretada por el Gobierno cuando se requieran facultades especiales para expedir decretos con fuerza de ley, suspendiendo las leyes incompatibles con dicho estado.
Según lo estipulado en la Constitución, la conmoción interior puede declararse “en caso de que haya grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana”.
