La Procuraduría General de la Nación confirmó este martes la destitución e inhabilidad contra Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
El exfuncionario recibió en segunda instancia una sanción de ocho años de parte del Ministerio Público, debido a la suscripción de unos otrosíes al contrato de la Ruta del Sol 2, a cargo de Odebrecht, Episol y otras firmas.
De acuerdo con la entidad de control, los documentos firmados favorecieron a la concesionaria, que había ganado este proyecto mediante el pago de sobornos a otros funcionarios.
¿Por qué se confirmó la destitución e inhabilidad contra Luis Fernando Andrade?
En detalle, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento sostuvo que, en 2015, Andrade firmó dos otrosíes al contrato de concesión No. 001 de 2010, en los que aprobó cambiar la forma de hacer los pagos que había sido acordada.
Así las cosas, se definió que los mismos se harían cuando cada uno de los acuerdos contractuales tuviera un cumplimiento del 80 % y no del 100 %, como se pactó inicialmente.
En ese sentido, la Procuraduría resaltó que los “ajustes irregulares” respondieron a una solicitud de la firma encargada de los trabajos y tuvieron una incidencia directa en el modelo financiero que se había establecido para otorgarle reconocimientos económicos.
En la práctica, para los investigadores, la decisión del expresidente de la ANI produjo un detrimento del patrimonio público.
De igual manera, la Procuraduría resaltó que el entonces funcionario desatendió el principio de responsabilidad y pasó por alto los estudios de conveniencia, las recomendaciones hechas por el Comité Asesor de Asuntos Contractuales y el otrosí firmado con anterioridad.
Con estas situaciones, se evidenció que “se favoreció el flujo de caja del concesionario y no se tuvo en cuenta el interés general”.
Finalmente, el Ministerio Público dijo que Luis Fernando Andrade “desatendió de manera elemental e injustificada el acto modificatorio bajo estudio” y actuó con “negligencia absoluta” respecto del cumplimiento de los deberes de su cargo y sus funciones.
Vale recordar que el expresidente de la ANI también afronta una investigación penal por presunto interés indebido en la celebración de contratos.
En particular, se investiga un posible favorecimiento a Odebrecht y las demás empresas del consorcio para hacerse con la construcción del tramo Ocaña – Gamarra.
