En el Congreso de la República se está debatiendo un proyecto de ley que busca transformar el panorama de los conductores que trabajan en plataformas digitales. Esta iniciativa propone regular el uso de las aplicaciones y eliminar las sanciones de inmovilización de vehículos y las multas para aquellos conductores que cumplan con los parámetros establecidos por la ley.
Danna Piñeros, consultora jurídica del Centro Jurídico Internacional, en una entrevista con Blu Radio destacó que esta propuesta subraya que el Estado no debe limitar ni crear obstáculos para el uso de tecnologías aplicadas a la movilidad. Además, enfatizó que, con esta regulación, se garantizaría el derecho a la libre movilidad, permitiendo a los conductores de plataformas trabajar sin el riesgo de recibir sanciones o que sus vehículos sean inmovilizados, siempre y cuando operen dentro de la legalidad.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el reconocimiento del acceso a la tecnología como un derecho fundamental. Esto permitiría establecer una regulación que garantice tanto la legalidad en las plataformas, como la protección de la movilización de los ciudadanos en el país.
Modificaciones al Código Nacional de Tránsito necesarias para la aprobación del proyecto
Para que este proyecto se convierta en ley, es necesario modificar el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, el cual actualmente impone multas al transporte público no autorizado, clasificándolo como una infracción en la categoría D12. En su estado actual, esta infracción implica el pago de una multa equivalente a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para 2024, es decir, $1.300.000.
La jurista Piñeros indicó que esta actualización al Código Nacional de Tránsito debería establecer claramente que los vehículos particulares podrán ofrecer servicios de transporte a través de plataformas digitales, siempre que cumplan con los requisitos legales.
No obstante, es importante tener en cuenta que las multas o inmovilizaciones impuestas antes de la aprobación de la ley no podrán ser anuladas.
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Al tratarse de una ley estatutaria, el proyecto deberá superar cuatro debates en el Congreso: dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado. Posteriormente, será sometido a un control por parte de la Corte Constitucional para garantizar que cumple con los requisitos legales establecidos en la Constitución.
