
Mediante la Circular No. 023 de 2025, el Ministerio de Transporte, en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección de Tránsito y Transporte y la Superintendencia de Transporte, anunció la implementación de medidas dirigidas a los conductores en Colombia. El objetivo de esta normativa es reducir la siniestralidad vial a través de estrategias de pedagogía, fiscalización y vigilancia.
El documento establece que las medidas estarán orientadas al control del exceso de velocidad en las carreteras del país. Para ello, la Agencia Nacional de Seguridad Vial elaborará una guía de control de velocidad en la que se definirán las sanciones aplicables a quienes sobrepasen los límites permitidos. Dicho control se realizará mediante operativos manuales, sistemas de fotodetección (fotomultas) y campañas de concienciación para garantizar el cumplimiento de la normativa en todo el territorio nacional.
Asimismo, la Policía de Tránsito deberá reforzar los controles en los puntos donde se registren los mayores índices de velocidad. Los dispositivos de medición empleados en estos operativos deberán cumplir con la señalización exigida por la ley, permitiendo a los conductores conocer con precisión las normas y evitar sanciones.

Medidas para el control de velocidad
Además de la normativa establecida en la circular, se dispondrá de dispositivos móviles y fijos para detectar el exceso de velocidad e imponer las respectivas sanciones. También se realizarán operativos liderados por agentes de tránsito y se promoverán campañas de sensibilización para fomentar la conducción responsable.
La Superintendencia de Transporte supervisará el cumplimiento de estas disposiciones con el fin de fortalecer la prevención y mejorar la seguridad vial.
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El incumplimiento de los límites de velocidad establecidos en el Código Nacional de Tránsito se considerará una infracción tipo C29, sancionada con una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Según la Unidad de Valor Básico (UVB) del Ministerio de Transporte, esta sanción asciende a $604.000.
Finalmente, las entidades involucradas resaltan que estas medidas buscan generar mayor responsabilidad en la conducción, contribuyendo a la reducción de la accidentalidad y la mortalidad asociadas al exceso de velocidad en las carreteras del país.