Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto, habló con Valora Analitik en Bogotá sobre el futuro de la empresa, del proyecto HidroItuango y de su presencia en la Bolsa de Valores de Colombia. Lea más de empresas aquí

Video de Juan Luis Aristizábal para Valora Analitik.

Valora Analitik: ¿Cuáles son los pasos que siguen luego de pedir ingreso al proceso de reorganización?

Juan Luis Aristizábal: Con la decisión de acogernos al Decreto 560 de 2020 que es el proceso de reorganización lo que estamos buscando la operatividad de la compañía para cumplir con todos los compromisos, incluido el consorcio CCC Ituango.

Lo que estamos defendiendo es la capacidad operativa de la compañía, tenemos solidez, tenemos liquidez para enfrentar todos los retos y cumplir los compromisos, estamos buscando continuidad en el largo plazo y garantizar el cumplimiento de todas las acreencias.

VA: El proceso en la SuperSociedades busca poder defenderse en el caso HidroItuango, ¿no han podido hacerlo ante la Contraloría?

JLA: Estamos evidenciando ante la Superintendencia una eventual situación de insolvencia en caso de que se ratifique el fallo solidario (en segunda instancia) por $4,3 billones, tendrían que hacer el cobro coactivo contra nosotros por los $4,3 billones con lo cual la compañía no tiene la capacidad de hacerlo, además porque tiene otros compromisos con otros acreedores.

Lo que estamos haciendo es ordenadamente atender todos nuestros compromisos y además le hemos solicitado a la Contraloría que nos permita presentar testimonios y que tenga en cuenta las pruebas que entregamos dentro del proceso de investigación en la etapa de apelación en la que estamos actualmente.

Nuestra petición es atiéndanos y denos la oportunidad del debido proceso y lo segundo, si la Contraloría llega a fallar tener la forma de atender todas nuestras acreencias inclusive la de la Contraloría una vez haya un fallo definitivo porque, además, hay más instancias en el proceso.

VA: ¿Legalmente con ese proceso, la Superintendencia tiene la facultad de decirle a la Contraloría venga y escuche a la empresa?

JLA: La Superintendencia no tiene nada que hacer ante la Contraloría, pero nosotros sí revelamos ante la Superintendencia que tenemos una acreencia contingente en caso de darse la ratificación del fallo.

VA: ¿Si se confirma el fallo cuánto tendría que ser el pago de Conconcreto sobre los $4,3 billones?

JLA: El fallo es solidario, no está repartido entre los 26 investigados (entre los que se encuentran personas naturales y jurídicas) y además el proceso tiene unidad procesal que no está permitido en la ley colombiana, o sea, a todos con diferentes responsabilidades nos están imputando el mismo fallo.

VA: El contrato con EPM para ser constructores de HidroItuango termina el 31 de diciembre y es potestad de EPM decidir si lo extiende un año más, ¿Conconcreto tiene la capacidad financiera y operativa para continuar con el contrato estando incluso en el proceso de reorganización?

JLA: Claro que sí, lo que estamos consiguiendo es un blindaje mayor para que todos nuestros clientes estén tranquilos en la capacidad operativa de la compañía y el cumplimiento de los compromisos.

VA: ¿En caso de que se confirme el fallo y se dé una inhabilidad hacia la empresa cómo se daría el proceso de cesión del contrato?

JLA: La cesión del contrato es cuando sobreviene una inhabilidad y la ley colombiana contempla la obligación de ceder el contrato y el contratante nos dice cómo se debe dar el proceso de cesión. En caso de que no haya inhabilidad es una relación contractual entre EPM y nosotros y si va a entrar un tercero esa no es decisión nuestra, nosotros terminamos nuestro contrato y EPM contrata otro contratista.

VA: ¿Qué se sabe de los plazos del proceso en la Contraloría tras la petición de entrada en el proceso de reorganización?

JLA: Tanto nosotros como los demás investigados en el proceso hemos solicitado presentar testimonios y pruebas, si somos 26 investigados eso va a tomar tiempo y obviamente si se aceptan los argumentos y las pruebas eso va a tomar un tiempo razonable. Es decisión de la Contraloría si acepta o no recibir pruebas y testimonios, entonces el fallo depende de esa decisión de la Contraloría.

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VA: ¿Conconcreto tiene el interés de continuar en el contrato de HidroItuango si EPM así lo decide?

JLA: Claro que sí, tenemos todo el interés en ayudarle y colaborarle a EPM a cumplir los compromisos que tiene en el 2022.

VA: La empresa tiene un backlog de $3 billones, ¿cómo está Conconcreto en temas financieros?

JLA: Al tercer trimestre presentamos una utilidad neta estimada de $70.532 millones. Todavía tenemos unos $270 mil millones por ejecutar en el último trimestre, ya tenemos $1,26 billones de contratos para ejecutar en el 2022, el 20 % de nuestros contratos está en EE. UU. en donde estamos expandiéndonos aceleradamente porque vemos un nicho de oportunidades allí.

Estamos reactivando la operación en Panamá después de la pandemia y en los sectores de vivienda y de construcción estamos participando activamente.

En las licitaciones públicas estamos participando en todas aquellas en las que tengamos competencias.

Al primer semestre es importante destacar que el endeudamiento de la empresa es bajo, es uno de los más bajos del sector construcción, es aproximadamente de $500 mil millones en el NIT de Conconcreto y de $740 mil millones incluyendo consorcios, filiales y todos los proyectos de vivienda que están en patrimonios autónomos.

Es un endeudamiento razonable frente a nuestro patrimonio que es de cerca de $1,6 billones, somos sólidos y tenemos la capacidad de enfrentar los retos de megaproyectos en el país.

VA: ¿El ingreso en el proceso de reorganización tiene algún efecto sobre la facultad de Conconcreto para participar en nuevas licitaciones?

JLA: No tenemos ninguna limitación para participar en licitaciones y para trabajar con el sector privado.

VA: ¿Qué tienen en el radar para participar pronto?

JLA: Estamos mirando atentamente todas las licitaciones 5G, las licitaciones que salen en las diferentes capitales del país y en grandes proyectos que aparecen en el país.

Tenemos puesto el radar en el Tranvía de Medellín, estamos permanentemente mirando los proyectos en los que podemos apartar valor, especialmente en la digitalización, como son túneles, ferrocarriles, puentes y vías urbanas y otros como el Transmilenio en Bogotá.

Estamos trabajando en dos tramos de Transmilenio en Bogotá en la Avenida 68 y otro en Soacha que serían los proyectos en el país con el 100 % el estándar BIM en la ejecución de los diseños y se van a construir bajo la metodología BIM 360 que permite simular la construcción, detectar todos los conflictos en la construcción y poder planificar adecuadamente la construcción.

VA: ¿Hay alguna certeza de la causa de la contingencia en el túnel de desviación en HidroItuango en 2018?

JLA: Hay muchos estudios que se han hecho, desde el punto de vista de nuestra responsabilidad tenemos una cláusula de responsabilidad con EPM e iniciamos un tribunal de arbitramento internacional para determinar si nosotros tenemos o no responsabilidad en el colapso del túnel que generó la contingencia. Nuestra responsabilidad no es definir cuál fue la causa raíz del colapso sino definir si contractualmente cumplimos nuestros compromisos y si lo hicimos de acuerdo con las especificaciones de EPM entonces no tenemos porqué tener responsabilidad en el incidente.

VA: ¿Cuáles son los tiempos de ese proceso?

JLA: Ese es un tribunal de arbitramento que se estima tarde entre 12 y 24 meses, ya están nombrados los árbitros.

VA: ¿Si se extiende el contrato con EPM cuál es el reto del proyecto para cumplir?

JLA: La meta de HidroItuango es poner en funcionamiento las ocho turbinas, el reto parcial es poner dos turbinas en funcionamiento en 2022 y otras dos en los 13 meses siguientes. Hoy realmente solo miramos la meta de corto plazo que es poner dos turbinas en funcionamiento en 2022. El contrato con EPM solo se ampliaría por 12 meses porque esa es una restricción del proyecto.

VA: ¿Conconcreto tiene un interventor interno para verificar la calidad de los materiales y la ejecución de los proyectos?

JLA: Nosotros tenemos unos proceso y estándares de calidad sobre los cuales nos regimos y nuestra obligación es cumplir el 100 % de las normas que rigen el sector de la construcción en Colombia. Lo más importante es que nos rige un contrato y debemos cumplir todas las obligaciones contractuales, cuando incumplimos alguna de ellas el cliente debe notificarnos e incluso sancionarnos, pero a la fecha desde 2012 no tenemos ninguna evidencia de que el contratante haya manifestado que hemos incumplido en especificaciones de materiales, procesos constructivos o calidad de la construcción.

VA: Dado el caso que se defina una inhabilidad y que deban ceder el contrato de HidroItuango, ¿qué pasa con la cotización de la empresa en la Bolsa de Colombia?

JLA: Si se ratifica el fallo de la Contraloría quedaríamos inhabilitados para contratar con el Estado durante cinco años, en los fallos la inhabilidad se termina una vez se haga el pago, nosotros no podemos pagar $4,3 billones, pero nuestro camino es continuar en otras instancias jurídicas para nuestra defensa.

No somos agentes fiscales, no recibimos anticipo en este contrato y a la fecha todos los dineros que nos pagó EPM son por actividades que fueron recibidas por EPM, o sea que nuestro primer principio en este proceso es que nosotros no deberíamos estar siendo investigados por la Contraloría.

Las causales de la investigación por las cuales imputan el fallo fueron los retrasos en la construcción de los dos túneles de desvío, un contrato que no era nuestro sino de otro consorcio y la otra causal es la calidad de la construcción de la GAD (el túnel que colapsó) en 2018 lo cual es una disputa contractual que se lleva a un tribunal de arbitramento.

Entonces, la Contraloría no debería estar definiendo sobre temas contractuales sino sobre temas de responsabilidad fiscal y utilización de recursos del Estado. Esa es nuestra defensa y lo vamos a seguir alegando.

El proceso nos permite seguir en la Bolsa de Valores de Colombia, lo único que nos inhabilita es contratar con el Estado con el NIT de Conconcreto, pero otras filiales u otras empresas en las cuales no esté el NIT de Conconcreto pueden seguir contratando con el Estado.

VA: ¿El fallo de la Contraloría se puede llevar al Consejo de Estado u otra instancia legal adicional?

JLA: Esa es una de las estrategias de los abogados que están definiendo cuál camino seguimos dentro de todas las opciones que hay, eso hace parte de la estrategia de la defensa.

Por otro lado, hoy se conoció el ranking Merco de reputación de las empresas más importantes de Colombia dentro del cual Constructora Conconcreto subió del quinto al cuarto lugar del sector construcción e infraestructura.