Este 24 de septiembre, el gobierno del presidente Gustavo Petro presentará su nueva reforma política ante la Cámara de Representantes, con el objetivo de transformar el sistema electoral y regular la financiación de las campañas políticas en Colombia.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, será el encargado de radicar el texto alrededor de las 10:00 en la Secretaría General de la Cámara.
Puntos principales de la reforma política de Petro
La propuesta central de la reforma se enfoca en la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE). El rediseño del CNE prevé que esté compuesto por nueve magistrados, quienes serán elegidos por un periodo de seis años, en lugar de los cuatro actuales.
La selección de los magistrados se realizará mediante una convocatoria pública a partir de 2026, organizada por la Rama Judicial, lo que se espera aumente la independencia de la entidad.
La elección de los magistrados estará a cargo de tres altas cortes: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, cada una de las cuales designará a tres miembros.
Además, para ser magistrado del CNE, se van a reforzar los requisitos, como ser colombiano de nacimiento y abogado con al menos 15 años de experiencia profesional o docente en temas electorales.
Quienes hayan sido condenados a penas privativas de la libertad o hayan ocupado cargos directivos en partidos políticos o ha sido candidatos a cargos de elección popular en los últimos siete años estarán inhabilitados para postularse.
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Un punto clave de la reforma es evitar que excongresistas sean elegidos como magistrados del CNE, eliminando la posibilidad de que estos pasen directamente de sus curules al organismo electoral, esto justamente es uno de los cambios clave, ya que actualmente los miembros del CNE son excongresistas de diversos partidos políticos.
En cuanto a las funciones del CNE, la reforma sugiere añadir cinco nuevas responsabilidades: revisar las actuaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil en los procesos electorales, ejercer el control y depuración del censo electoral, inscribir candidaturas a cargos de elección popular, fijar el monto máximo de gastos en campañas electorales y distribuir los aportes estatales para su financiación.
Financiación de campañas en medios de investigaciones sobre Petro
Otra de las propuestas centrales es la modificación de las reglas de financiación de campañas electorales.
El proyecto plantea que el Estado asuma un rol predominante en la financiación de las campañas, limitando las donaciones privadas y prohibiendo las contribuciones de personas naturales o jurídicas extranjeras. Esta propuesta se dará bajo un contexto en el que investigan al presidente Petro por presuntamente exceder los topes de campaña.
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El articulado también busca implementar la obligatoriedad de las listas cerradas en las elecciones legislativas.
Bajo este esquema, los ciudadanos votarían por la lista completa de un partido y no por candidatos individuales, como lo hizo el Pacto Histórico en las elecciones de 2022.
Además, se introduce un nuevo requisito para que los partidos políticos mantengan su personería jurídica: deberán contar con una base de afiliados que represente al menos el 0,2 % del censo electoral nacional, lo que equivale a aproximadamente 80.000 afiliados.
Cabe mencionar que serán las comisiones primeras del Congreso las encargadas de discutir este texto, al tratarse de un acto legislativo. Esta es la segunda reforma política que el presidente Gustavo Petro intenta aprobar. La primera, presentada en octubre de 2022, alcanzó el quinto debate de los ocho necesarios antes de ser retirada por el gobierno, que consideró que el proyecto había perdido su enfoque original.
Al ser proyecto de acto legislativo o reforma constitucional, requiere de ocho debates en el Congreso: cuatro en Senado y cuatro en Cámara.
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