El Comité Consultivo de la Regla Fiscal, que la semana pasada aprobó cambios en las metas fiscales, consideró que este mayor espacio fiscal para los próximos años para atender la migración desde Venezuela no compromete la sostenibilidad fiscal del país, en la medida que se conserva una senda decreciente de la relación deuda/PIB del Gobierno Nacional Central.
Asimismo, dijo en el acta que el déficit total convergerá a 1,0% del PIB en 2024, dos años antes de lo que se preveía en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del 2018 con base en la aplicación de los parámetros de la regla para ese año.
Además, el Comité consideró importante este resultado teniendo en cuenta que es “consistente con lo que sucedería en ausencia de las desviaciones permitidas para acomodar parte del choque fiscal ocasionado por la migración”. De igual forma, destacó que el ajuste gradual del déficit estructural hacia el -1,0% del PIB en 2022 fijado por Ley se mantiene.
Los miembros del Comité exploraron las distintas alternativas para incorporar parcialmente el efecto fiscal de la migración venezolana a la estructura metodológica y normativa de la Regla Fiscal.
El Comité concluye que la incorporación del choque –el cual es transitorio, atípico e inesperado- no debe conducir a la suspensión de la aplicación de la Regla.
Por el contrario, considera fundamental conservar la aplicación de los pilares de la Regla Fiscal como ancla de la credibilidad y sostenibilidad de mediano plazo de las finanzas públicas.
Sin embargo, el Comité consideró que la normatividad y legislación vigentes “no contemplan mecanismos que permitan adaptar las metas de déficit ante choques como éste con criterios claros”.
Por eso, le recomendó al Gobierno y al Congreso que en una futura revisión de la Ley de la Regla Fiscal se sustituya la cláusula de excepción (Artículo 11) por una de ajuste ante choques fiscales inesperados y transitorios de magnitud considerable, como el ocasionado por la agudización de la inmigración venezolana a Colombia.
En este sentido, “el Comité sugiere que, en el caso de una modificación a la ley, ésta deberá precisar: la naturaleza del choque, los requisitos para invocar una cláusula de escape transitorio, los criterios para determinar los límites fiscales y fijar el período máximo de las desviaciones permitidas”.
Todo lo anterior, dijo, con el propósito de garantizar la sostenibilidad fiscal y la convergencia a las metas estructurales de la regla, tomando como ejemplo la forma como el Comité decidió proceder en esta ocasión.
La incertidumbre asociada al futuro político y económico del país vecino genera a su vez incertidumbres sobre el flujo migratorio y el costo fiscal que el país seguirá asumiendo en los próximos años, advirtieron los expertos miembros del comité.
Por lo tanto, recomendaron además monitorear la evolución migratoria con el fin de revisar y, de ser necesario, “modificar el balance fiscal permitido para acomodar la presión fiscal resultante, siempre teniendo en consideración que cualquier cambio en el balance fiscal permitido debe ser compatible con la sostenibilidad fiscal y con las metas de balance estructural contempladas en la regla fiscal”.
El acta completa del comité se puede leer aquí.
