Un reciente informe revela que cada día más compañías y organizaciones privadas están vinculadas a actos de corrupción en Colombia.
Así lo confirma el más reciente Informe Global de Fraude y Riesgo, elaborado por la consultora Kroll, en el que se evidencia que el 78 % de las compañías y organizaciones colombianas han realizado investigaciones internas por corrupción o mala conducta en los últimos tres años.
Lo anterior, ubica a Colombia como el tercer lugar en Latinoamérica en el que se cometen mayores hechos asociados a fraude empresarial. Los sectores más comprometidos por estas malas prácticas son: transporte, ocio y turismo, la banca y las telecomunicaciones.
Si bien todas las compañías, sin importar su tamaño, tienen riesgo de caer en estas actividades ilícitas, las grandes organizaciones son las más propensas a cometer este tipo de conductas y es el soborno el delito que más las compromete.
Este dato lo soporta un estudio de la Universidad Externado, que confirma que el ofrecimiento de coimas, como el pago para agilizar trámites o donaciones políticas, es una práctica generalizada en el empresariado.
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Por su parte, las Pymes se han visto involucradas en hechos ilegales asociados a la manipulación de cheques y a la alteración del pago de nóminas.
¿Por qué persiste la corrupción en el país?
De acuerdo con la abogada Mercedes Cevallos, la corrupción persiste en el país debido a la poca efectividad de la justicia para judicializar estas acciones. “Solo entre los años 2010 y el 2023, según datos de Transparencia por Colombia, las denuncias asociadas a corrupción llegaron a 57.582 casos, de las cuales el 93.99 % hoy no tienen condena, el 89.7 % siguen sin captura y el 77.15 % están en proceso en indagación”.
Otro motivo, son los vacíos legales que hacen que el sector privado termine involucrado en irregularidades. “Esta entidad advierte que las principales conductas de corrupción se manifiestan generalmente en el financiamiento de campañas políticas, la captura de procesos de contratación arreglados a su favor, la legalización de transacciones mediante el lavado de activos y la creación de carteles o restricciones a la libre competencia”, agrega Cevallos.
Asimismo, las nuevas tecnologías están significando un riesgo para la práctica de estas conductas. La gestión de documentos digitales está facilitando la desviación de fondos, comisión de delitos económicos o patrimoniales, apropiación de recursos o la pérdida de evidencia en las investigaciones antifraude.
