La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, intervino en el 68º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, donde planteó la necesidad de revisar el enfoque global contra las drogas.
Sarabia subrayó que, pese a los millonarios esfuerzos de Colombia, la estrategia actual no ha logrado frenar el consumo, la producción ni el tráfico de estupefacientes.
Ante este panorama, Colombia ha solicitado formalmente la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas: «La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud. Solo podremos arrebatársela a los narcotraficantes si aprovechamos su potencial en usos industriales, como fertilizantes y bebidas», afirmó la canciller.
Sarabia dejó claro que esta propuesta no implica la legalización de la cocaína ni una rendición ante el narcotráfico. «El campesino no hace cocaína, el campesino cultiva hoja de coca», enfatizó, señalando la necesidad de diferenciar entre la planta y el proceso de transformación ilícito que da origen a la droga.
También informó que la Organización Mundial de la Salud está llevando a cabo un estudio científico sobre el tema, cuyo resultado se entregará este año. A partir de sus conclusiones, se someterá la propuesta a votación, un proceso que se llevará a cabo el próximo año para determinar si la hoja de coca será excluida de la lista de sustancias más dañinas.
Un llamado a un nuevo enfoque global
La ministra expuso que el narcotráfico ha sido un obstáculo para el desarrollo de Colombia, afectando a millones de campesinos, financiando grupos armados ilegales y generando un grave impacto ambiental, especialmente en la Amazonía.
Además, advirtió que la problemática no es exclusiva del país: “En la última década, la oferta global de drogas no ha disminuido, mientras que el número de consumidores recreativos ha aumentado en más de 50 millones de personas”.
Sin embargo, Sarabia insistió en la urgencia de generar alternativas económicas viables y rentables para las comunidades más afectadas, como las regiones del Catatumbo y el Cañón del Micay. «No podemos permitir que las comunidades queden atrapadas en la violencia y el abandono. Debemos llevar recursos y proyectos de transformación territorial a quienes más lo necesitan», afirmó.
En su intervención, la canciller también llamó a replantear los mecanismos de financiación internacional. Recordó que, en la última década, Colombia ha aportado US$416 millones a la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, siendo el segundo mayor contribuyente después de Estados Unidos. «Es imperativo que estos recursos se ejecuten con eficiencia, austeridad e impacto real sobre las comunidades afectadas», subrayó.
Para cerrar su discurso, Sarabia instó a la comunidad internacional a construir un modelo de lucha contra las drogas basado en la evidencia y el respeto a la vida. «Reformar el régimen global de drogas no significa normalizar el narcotráfico, sino dotarnos de herramientas más eficaces para combatirlo. No podemos seguir repitiendo los errores del pasado. Para Colombia, reenfocar esta política es una cuestión de vida y paz», concluyó.
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